México, 24 de marzo.- En un intento por cerrar la puerta a la impunidad y unificar la forma en que se investiga y sanciona el feminicidio en todo el país, el gobierno federal presentó una iniciativa de ley general que contempla penas de hasta 70 años de prisión, además de hacer imprescriptible el delito y obligar a investigarlo desde el primer momento bajo esa hipótesis.
Durante la presentación, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, subrayó que el eje central de la propuesta es endurecer las sanciones y homologar criterios en todas las entidades, al reconocer que el feminicidio no es sólo un delito, sino una grave violación a los derechos humanos.
“El feminicidio debe entenderse no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado”, afirmó.
El punto más relevante de la iniciativa es el incremento y homologación de penas:
• De 40 a 70 años de prisión por feminicidio
• Sanciones también para tentativa, con penas de hasta dos terceras partes de la condena
• Multas económicas y 21 agravantes que pueden endurecer los castigos
Entre las agravantes destacan cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad, pertenezca a pueblos originarios, sea migrante o cuando el crimen ocurra frente a hijas o hijos.
Este endurecimiento busca enviar una señal clara: el feminicidio será castigado con las penas más altas del sistema penal mexicano, equiparándose a los delitos más graves.
Otro cambio de fondo es que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse como feminicidio desde el inicio, evitando que los casos se clasifiquen erróneamente como homicidios simples.
La propuesta también establece:
• Investigación con debida diligencia reforzada
• Protocolos homologados en todo el país
• Participación continua del Ministerio Público durante todo el proceso
• Fiscalías especializadas con personal certificado
La iniciativa plantea que el delito de feminicidio:
• No prescriba nunca
• Obligue a la reparación integral del daño
• Imponga la pérdida de derechos al agresor, como:
• Patria potestad
• Derechos sucesorios
• Custodia y tutela
Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar destacó que la ley amplía la protección a víctimas directas e indirectas, especialmente a niñas y niños que quedan en orfandad.
Se contemplan:
• Atención médica y psicológica inmediata
• Asesoría jurídica gratuita
• Acceso a salud, educación y seguridad social
• Reparación integral, no sólo económica
Además, se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, para dar seguimiento y garantizar apoyo del Estado.
La iniciativa también plantea la creación de mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como:
• Campañas permanentes contra la violencia feminicida
• Sistemas de medición de riesgo
• Refugios y redes de atención para mujeres en peligro
