México, 15 de octubre.- Jueces y magistrados federales en retiro solicitaron la intervención del Senado para resolver el pago pendiente de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias de 200 personas juzgadores que, aseguraron, les corresponden por las disposiciones de la reforma judicial de septiembre de 2024 y por derechos laborales previamente reconocidos.
Durante una reunión con Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, los integrantes de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro denunciaron que, a más de un año de la entrada en vigor de la reforma, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha resuelto sus reclamaciones, pese a que han acudido ante distintas instancias del Poder Judicial y del gobierno federal sin obtener una respuesta efectiva.
La presidenta de la asociación, la magistrada en retiro Elba Sánchez, sostuvo que el conflicto no consiste en reclamar privilegios, sino en exigir el cumplimiento de derechos establecidos en la Constitución.
Por ello, pidió a los legisladores intervenir para que las autoridades responsables atiendan las solicitudes y realicen los pagos que jurídicamente correspondan.
El principal punto de controversia es la interpretación del artículo décimo transitorio de la reforma judicial, que reconoce a las personas juzgadoras que declinaron participar en la elección o que no resultaron electas el derecho a recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio, además de las prestaciones correspondientes.
Sánchez Pozos explicó que, cuando entró en vigor la reforma, no existían reglas específicas para determinar ante qué autoridad debían presentarse las declinaciones.
Por esa razón, algunos juzgadores entregaron sus solicitudes al entonces Consejo de la Judicatura Federal, antes de que el Senado precisara, el 15 de octubre de 2024, el procedimiento para la elección extraordinaria de 2025.
La magistrada cuestionó que el OAJ utilice esas diferencias administrativas para negar las indemnizaciones. También señaló que las reglas de la elección extraordinaria no deberían aplicarse de manera extensiva a quienes estaban contemplados para participar en el proceso originalmente previsto para 2027, posteriormente aplazado a 2028.
El magistrado en retiro Manuel Cano, respaldó el reclamo y sostuvo que ni la disposición constitucional ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen requisitos adicionales que permitan desconocer el derecho a la indemnización.
Como ejemplo, expuso su trayectoria de 38 años en la Judicatura y afirmó que su solicitud de retiro y su declinación fueron presentadas ante el Consejo de la Judicatura Federal en septiembre de 2024.
En el caso de las pensiones complementarias, los exjuzgadores argumentaron que se trata de una prestación existente desde 1996, regulada posteriormente mediante acuerdos institucionales, y no de un beneficio creado por la reforma judicial.
Afirmaron que las jornadas prolongadas, la dedicación exclusiva y las restricciones para desempeñar otros empleos justifican su reconocimiento como parte de las condiciones laborales que tuvieron durante décadas.
El juez en retiro Baltazar Castañón, aseguró que el OAJ ha argumentado que las indemnizaciones representan un costo elevado y ha cuestionado la necesidad de pagar pensiones complementarias a quienes ya reciben una del ISSSTE.
Frente a ello, sostuvo que el propio régimen transitorio ordena prever recursos presupuestarios para cubrir esas obligaciones y que, de ser necesario, pueden gestionarse ampliaciones presupuestales.
Los juzgadores también advirtieron que enfrentan obstáculos para defender sus derechos por la improcedencia del juicio de amparo contra determinados actos del OAJ, prevista en la legislación correspondiente.
Ante la Comisión de Justicia, plantearon tres medidas: impulsar un punto de acuerdo para exhortar al órgano a resolver las reclamaciones y efectuar los pagos procedentes; incorporar disposiciones transitorias en la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial que permitan concluir el proceso, y promover mecanismos de defensa para los derechos laborales de los trabajadores judiciales.
Corral señaló que ha sostenido reuniones de trabajo con los juzgadores desde julio y que la comisión busca servir como conducto para que la problemática encuentre una solución.
El senador reconoció que el Congreso estableció las disposiciones cuya aplicación reclaman los exintegrantes del Poder Judicial y consideró necesario atender los argumentos expuestos.
Los exjuzgadores buscan que el Senado contribuya a destrabar los pagos y a garantizar que sus reclamaciones reciban una respuesta.
