30 de septiembre de 2022 (Reuters).- Un juez estadounidense desestimó el viernes la demanda de México por 10,000 millones de dólares que busca responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de una letal avalancha de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México a los cárteles de la droga.
La decisión del juez principal F. Dennis Saylor en la Corte Federal de Boston es una victoria para Smith & Wesson Brands Inc (SWBI.O), Sturm, Ruger & Co (RGR.N) y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializando y vendiendo armas de asalto de estilo militar que podrían usar los cárteles.
México dijo que apelará la decisión.
“Esta demanda del gobierno mexicano ha recibido reconocimiento mundial y se ha considerado un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la experiencia de violencia en México y la región”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en un comunicado.
Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando las personas usan armas para el propósito previsto.
Dijo que la ley contenía varias excepciones limitadas, pero ninguna se aplicaba.
“Si bien la corte tiene una simpatía considerable por el pueblo de México y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.
Otros acusados incluyeron a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
Los representantes de las empresas se negaron a comentar o no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Lawrence Keane, el abogado general del grupo comercial de la industria de armas de fuego National Shooting Sports Foundation, acogió con satisfacción la desestimación de la “demanda sin fundamento”.
“El crimen que está devastando al pueblo de México no es culpa de los miembros de la industria de las armas de fuego, que bajo la ley estadounidense solo pueden vender sus productos legales a los estadounidenses que ejercen sus derechos de la Segunda Enmienda después de pasar una verificación de antecedentes”, dijo.
En su denuncia de agosto de 2021, México estimó que el 2,2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México, incluidas hasta 597.000 armas fabricadas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor clave en su clasificación mundial en el número de muertes relacionadas con armas.
También afirmó sufrir muchos otros daños, incluida la disminución de la inversión y la actividad económica y la necesidad de gastar más en la aplicación de la ley y la seguridad pública.
Pero, el juez dijo que México no podía superar una disposición de una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de juicios por “el daño causado únicamente por el mal uso delictivo o ilegal de productos de armas de fuego… por parte de otros”, cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto”.
Otros acusados incluyeron a Barrett Firearms Manufacturing Inc, Beretta USA Corp, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
