México, 25 de octubre.- La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca cerrar espacios al lavado de dinero, la evasión fiscal y las operaciones del crimen organizado, sin obligar a la población a abandonar el efectivo en sus compras cotidianas, aseguró Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
Ante las críticas que ha generado el ordenamiento, el legislador sostuvo que la reforma no pretende perjudicar a las familias ni afectar a los pequeños comerciantes, sino establecer mecanismos que permitan combatir las actividades ilícitas y reducir los espacios que, afirmó, son aprovechados para mover recursos de procedencia ilegal.
Mier rechazó que la aprobación de la ley signifique el fin de los pagos en efectivo y calificó como falsa la versión de que todas las operaciones deberán realizarse mediante tarjetas bancarias u otros instrumentos electrónicos.
Para ilustrar su argumento, señaló que los establecimientos de uso cotidiano, como carnicerías, tiendas de abarrotes, puestos de dulces y comercios de mercados públicos, podrán seguir recibiendo dinero en efectivo.
Con ello, buscó despejar la preocupación de quienes consideran que la digitalización de los pagos podría complicar sus actividades comerciales o limitar las opciones de compra de la población.
El senador insistió en que el propósito de la legislación es sancionar a quienes recurren a mecanismos financieros para lavar dinero, evadir sus obligaciones fiscales o beneficiarse de actividades delictivas, y no imponer nuevas dificultades a quienes realizan transacciones ordinarias.
En el terreno político, Mier también cuestionó a los críticos de la reforma, a quienes acusó de defender intereses económicos y privilegios.
Sostuvo que algunos de los señalamientos contra la ley parten de la idea de que el gobierno pretende restringir el uso de efectivo, una interpretación que rechazó de manera categórica.
“Es falso” que solamente se vaya a pagar con tarjeta, manifestó, al insistir en que la medida no está dirigida contra los sectores populares ni contra los negocios pequeños.
El Senado aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos el pasado 20 de octubre.
Entre sus objetivos se encuentra impulsar el uso de herramientas electrónicas para facilitar las transacciones, reducir obstáculos para incorporarse a la economía formal y ampliar el acceso a los servicios financieros.
La propuesta también plantea favorecer a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder al sistema financiero, entre ellos mujeres, habitantes de comunidades rurales y personas con rezago educativo.
La incorporación de más personas y negocios a los mecanismos financieros formales puede facilitar el acceso a instrumentos de ahorro, crédito y seguros, además de generar condiciones para acreditar actividades económicas y obtener financiamiento.
Otro de los argumentos a favor de la digitalización es la posibilidad de reducir tiempos y costos en las transacciones entre particulares y empresas, así como facilitar las operaciones de micro, pequeñas y medianas unidades económicas.
Sin embargo, el alcance de estos beneficios dependerá de las condiciones de implementación, del acceso efectivo a los servicios financieros y de que las nuevas disposiciones no se traduzcan en obstáculos para quienes tienen dificultades para utilizar herramientas digitales.
La discusión sobre la ley se centra así en dos aspectos: por un lado, el objetivo de fortalecer los mecanismos para combatir operaciones ilícitas y promover la formalización económica; por otro, la necesidad de garantizar que la transición hacia los pagos electrónicos no excluya a quienes dependen del efectivo.
Mier defendió que ambas cuestiones pueden atenderse sin afectar las compras de todos los días y reiteró que la legislación está dirigida contra quienes realizan operaciones ilegales, no contra los consumidores ni los pequeños comerciantes.
