México, 9 de julio.- El Gobierno de México anunció un endurecimiento sin precedentes de su respuesta frente a las muertes de mexicanos relacionadas con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al informar que dejará el ámbito exclusivamente diplomático para emprender acciones penales y civiles contra quienes resulten responsables y contra las empresas privadas que operan centros de detención migratoria.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la decisión responde a la gravedad de una situación que calificó como “muy dolorosa” y que tiene como caso más reciente la muerte de Lorenzo Salgado, quien falleció el pasado 7 de julio tras recibir varios disparos durante un operativo de ICE.
El funcionario señaló que este caso debe investigarse con absoluta seriedad, tal como lo han exigido los familiares de la víctima y diversos sectores de la sociedad.
Velasco reveló que el número de mexicanos fallecidos en hechos relacionados con ICE asciende ya a 17 personas. De ellas, 14 murieron bajo custodia en centros de detención migratoria, mientras que tres perdieron la vida durante operativos de la agencia, incluido el caso de Lorenzo Salgado.
Agregó que, de manera pública, se han documentado 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades en centros de detención de ICE durante 2025 y 2026, de los cuales 14 corresponden a ciudadanos mexicanos.
Hasta ahora, explicó, la respuesta del Gobierno mexicano había consistido en acompañamiento consular integral para las familias afectadas, incluyendo apoyo jurídico, asistencia económica y la repatriación de restos, además del envío de 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno estadounidense exigiendo el esclarecimiento de cada uno de los casos.
Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó formalmente la situación ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien emitió un pronunciamiento público llamando a las autoridades estadounidenses a atender el problema. También solicitó la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, Velasco anunció que la estrategia entrará ahora en una nueva etapa.
Como primera medida, la SRE solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por las muertes de mexicanos ocurridas tanto en centros de detención como durante operativos de ICE.
“Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos”, afirmó.
Además, el gobierno mexicano iniciará acciones civiles contra las empresas privadas que administran centros de detención migratoria, mediante el envío de cartas de “cese y desistimiento” (cease and desist), un mecanismo jurídico estadounidense con el que exigirá detener las prácticas y condiciones que, según la cancillería, derivaron en violaciones a derechos humanos y en la muerte de connacionales.
En paralelo, México promoverá, junto con organizaciones civiles, nuevas solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH para proteger a los mexicanos recluidos en esos centros de detención, además de insistir ante la ONU para que fortalezca el seguimiento a estos casos.
Velasco informó que también se intensificarán las gestiones políticas y diplomáticas con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior, integrantes del Congreso estadounidense y otras autoridades federales.
Subrayó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos se ha convertido en la principal prioridad de la política exterior mexicana, frente al incremento de fallecimientos vinculados con la política migratoria y los centros de detención administrados por ICE.
