México, 10 de noviembre.- La crisis por presuntas irregularidades en la contratación de proveedores de material electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE escaló a un nuevo enfrentamiento entre Morena y la oposición.
Mientras el partido gobernante exigió sanciones penales, incluida la cárcel para el expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, por su responsabilidad en la estructura que habría favorecido a empresas proveedoras, el PRI y el PAN acusaron al oficialismo de intentar deslindarse de Taddei y advirtieron que el recorte de alrededor de seis mil millones de pesos al presupuesto del instituto debilitará su capacidad para organizar las elecciones de 2027.
El nuevo choque político también alcanzó la discusión sobre la sucesión en la presidencia del INE, luego de la salida de Guadalupe Taddei, y la posibilidad de que Morena impulse a una persona cercana al gobierno para encabezar el organismo electoral.
Óscar Cantón Zetina, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que su partido tenga responsabilidad en la designación de Taddei y sostuvo que la exconsejera presidenta nunca fue militante ni simpatizante de Morena, sino una funcionaria de carrera electoral con más de 33 años de trayectoria.
Argumentó que fue Lorenzo Córdova, cuando encabezaba el entonces Instituto Nacional Electoral, quien impulsó su carrera al frente de organismos electorales y participó en su designación como titular del Instituto Estatal Electoral de Sonora.
El legislador sostuvo que Córdova tenía facultades para nombrar a los titulares de los organismos electorales locales y recordó que el propio exconsejero presidente reconoció recientemente la existencia de un oligopolio de cuatro o cinco empresas que concentraban las contrataciones de material electoral.
A partir de ese señalamiento, Cantón cuestionó por qué Córdova no intervino para romper esa concentración de proveedores durante su gestión.
El senador afirmó que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) deben determinar las responsabilidades de todos los involucrados, sin excepciones.
“Cárcel, penas, multas, resarcisión de recursos, lo que tenga que contemplar la ley para que esto no siga ocurriendo”, exigió.
Incluso, cuando se le preguntó si la exigencia incluía al expresidente del INE, respondió: “Todos, todos”.
Cantón justificó también el recorte presupuestal al organismo electoral al considerar que existe una crisis por presuntas desviaciones de recursos y administrativas. Sin embargo, aseguró que las elecciones de 2027 están garantizadas y que el instituto cuenta con miles de trabajadores y consejeros para mantener sus funciones.
Sobre el nombramiento de la próxima presidencia del INE, pidió que el perfil tenga solvencia moral, conocimientos electorales y, sobre todo, neutralidad política.
En contraste, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó a Morena de intentar evadir su responsabilidad por haber impulsado a Guadalupe Taddei y sostuvo que la investigación no debe limitarse a la exconsejera presidenta, sino extenderse a los consejeros y funcionarios que presuntamente participaron en las contrataciones y asignaciones directas.
Afirmó que detrás de las irregularidades habría una estructura que buscaba controlar tanto al organismo nacional como a los institutos electorales locales, con miras a las elecciones de 2027.
El priista calificó como un intento de preparar un fraude electoral el recorte de seis mil millones de pesos al presupuesto del INE, al advertir que la reducción de recursos limitará las capacidades operativas del organismo para vigilar y organizar los comicios.
“Morena lo que está preparando es impulsar un gran fraude electoral, robarse la elección”, acusó.
Moreno también aseguró que su partido presentó denuncias ante la FGR y anunció que mantendrá las acciones de denuncia a nivel nacional e internacional.
Por su parte, el senador panista Marko Cortés, sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei porque fueron sus diputados quienes votaron por ella para encabezar el instituto.
Exigió que se investigue tanto a quienes participaron en las presuntas irregularidades como a quienes promovieron su nombramiento.
Además, pidió que la Cámara de Diputados designe a la nueva presidencia mediante un acuerdo de consenso entre todas las fuerzas políticas y no solamente con los votos de la mayoría oficialista.
Consideró que el recorte presupuestal representa otro debilitamiento de una institución fundamental para la democracia y advirtió que México necesita un árbitro electoral con recursos suficientes y autonomía para organizar los comicios.
Desde el Partido Verde, su dirigente nacional, Karen Castrejón, consideró indispensable investigar las presuntas irregularidades, independientemente de quiénes hayan encabezado el INE.
Señaló que las auditorías deben esclarecer el destino de los recursos públicos y garantizar que el presupuesto asignado al organismo se utilice correctamente, pues existe una preocupación ciudadana sobre la transparencia de sus operaciones.
En tanto, Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, rechazó que la asignación de 618 millones de pesos derivada del recorte al INE para regularizar a maestras y maestros de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), represente un pago político o un beneficio para su partido.
Aseguró que se trata de una demanda histórica del PT y defendió el modelo educativo de esos centros, al señalar que su regularización responde a los derechos laborales del personal y a la atención de la primera infancia.
Morena exige cárcel para Lorenzo Córdova por contratos del INE; oposición acusa que recorte presupuestal prepara fraude en 2027
