México, 23 de julio.- La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio comenzó a generar posiciones encontradas en el Senado de la República, donde Morena anticipó que buscará dictaminarla como una prioridad al inicio del próximo periodo ordinario, mientras que el PRI advirtió que una nueva legislación será insuficiente si no se atiende la crisis de investigación e impunidad en las fiscalías estatales. En tanto, el PAN se pronunció por hacer un análisis riguroso de su contenido.
La secretaria general del PRI y senadora, Carolina Viggiano, sostuvo que el problema del feminicidio no radica en la falta de leyes o en el aumento de las penas, sino en la incapacidad institucional para investigar y sancionar eficazmente este delito.
“No, definitivamente no”, respondió al ser cuestionada sobre si la iniciativa presidencial basta para combatir el feminicidio.
La legisladora afirmó que la verdadera reforma pendiente en materia de justicia es la de las fiscalías locales, al señalar que los ministerios públicos son insuficientes, están mal remunerados y, en muchos casos, carecen de la preparación necesaria para realizar investigaciones sólidas.
Viggiano consideró que endurecer sanciones carece de efectividad cuando prevalece la impunidad.
“Puedes poner 100 años o 70 años de prisión, pero si nunca logras investigar ni sentenciar a los responsables, lo que pongas simplemente es propaganda”, afirmó.
La senadora priista insistió en que el combate al feminicidio requiere fortalecer las capacidades de investigación, dotar de tecnología a las fiscalías, contar con policías investigadores especializados y garantizar que la impartición de justicia incorpore una verdadera perspectiva de género.
Añadió que revisará el contenido de la iniciativa presidencial antes de fijar una posición definitiva, aunque adelantó que impulsará modificaciones enfocadas en resolver las causas estructurales que permiten la impunidad.
Asimismo, criticó que la reciente reforma judicial se concentrara en el ámbito federal y no en la justicia cotidiana que enfrentan los ciudadanos en los estados.
A su juicio, la prioridad debió ser fortalecer las instituciones locales encargadas de investigar los delitos, pues son las que atienden directamente a las víctimas.
Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mayuli Latifa Martínez, afirmó que la nueva ley debe ser revisada a fondo, al considerar que el combate a este delito no puede limitarse a crear nuevas normas, sino que requiere acciones efectivas de prevención, atención y protección para las mujeres.
“El tema de este delito atroz en contra de las mujeres es algo que nos debe unificar a todos, a todo el Congreso Federal, a los diputados, diputadas, senadoras, senadores, y que definitivamente debe ir sumando voluntades para poder ir deteniendo este tipo de delitos. Sin embargo, insisto, hay que leerla, saber cuáles son los puntos que se están poniendo en la mesa para, evidentemente, poder evitar”, apuntó.
La legisladora reconoció que el feminicidio continúa siendo una de las expresiones más graves de violencia de género en México y señaló que, antes de que ocurra un asesinato por razones de género, generalmente existe una cadena de agresiones previas como violencia familiar, psicológica, física y económica que muchas víctimas enfrentan sin poder denunciar.
Martínez destacó que uno de los principales obstáculos para que las mujeres salgan de círculos de violencia es la falta de garantías de justicia pronta y expedita, así como la dependencia económica que en muchos casos las mantiene vinculadas con sus agresores.
La senadora insistió que los grupos parlamentarios deberán realizar un análisis detallado para conocer sus alcances y las obligaciones que establecerá para las entidades federativas al tratarse de una ley general. Evitó adelantar el sentido del voto del PAN.
En contraste, la senadora de Morena, Verónica Camino, celebró que la iniciativa presidencial haya sido presentada inicialmente ante el Senado y aseguró que representa un paso fundamental para homologar la legislación sobre feminicidio en todo el país.
Explicó que actualmente existen diferencias entre las entidades federativas en la tipificación del delito y en las sanciones aplicables, lo que puede favorecer a los responsables cuando los casos se vinculan con distintos estados.
Por ello, señaló que la creación de una ley general obligará a todas las entidades a armonizar su legislación bajo criterios comunes.
“Lo que buscamos es que en todos los estados exista la misma tipificación de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres y evitar que haya beneficios para los victimarios por las diferencias legales”, explicó.
La legisladora recordó que Morena ha impulsado desde hace varios años la homologación de distintas normas para garantizar que los derechos de las mujeres sean iguales en todo el territorio nacional.
Incluso señaló que, durante la pasada legislatura, algunas fuerzas políticas se opusieron a modificar sus legislaciones locales, por lo que ahora resulta necesario establecer una ley general de aplicación obligatoria.
Camino adelantó que las comisiones del Senado podrían comenzar de inmediato el análisis de la iniciativa, incluso antes del inicio formal del periodo ordinario de sesiones.
Explicó que, una vez turnada por la Mesa Directiva, las comisiones legislativas tienen facultades para trabajar el dictamen y dejarlo listo para su discusión en el pleno durante la primera semana de septiembre.
No descartó que, si existe consenso político, pueda convocarse incluso a un periodo extraordinario para acelerar su aprobación.
La senadora morenista subrayó que la propuesta constituye una prioridad legislativa para su bancada y sostuvo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres.
