México, 25 de agosto.- El PAN cerró filas en defensa del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y exigió a las autoridades revisar la prisión preventiva que enfrenta por su presunta relación con un esquema de contrabando de hidrocarburos, al considerar que su edad, estado de salud y las condiciones del proceso hacen innecesario que permanezca privado de la libertad.
Durante una conferencia de prensa del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, a las afueras de las instalaciones de ña Fiscalía General de la República, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el caso debe analizarse bajo criterios jurídicos y no políticos, y acusó al gobierno federal de utilizar las instituciones de justicia para perseguir a adversarios.
El panista afirmó que existe la convicción de que Ruffo es inocente y cuestionó que un hombre de 74 años sea señalado como parte de una operación de gran magnitud relacionada con el llamado huachicol fiscal.
Desde su perspectiva, el patrimonio y estilo de vida del exmandatario no son congruentes con los beneficios económicos que habría generado una actividad ilícita de esas dimensiones.
Romero también puso bajo la lupa la coincidencia temporal entre la detención de Ruffo y los señalamientos políticos que han surgido alrededor de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Afirmó que esa circunstancia debe ser investigada y pidió que las instituciones apliquen los mismos criterios a funcionarios y políticos de cualquier partido.
La defensa del exgobernador rechazó que la exigencia implique cancelar el proceso judicial.
El planteamiento, explicó el comité, es que Ruffo pueda enfrentar las investigaciones en libertad o bajo una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, sin afectar el desarrollo de las indagatorias.
Verónica Ruffo, hija del ex gobernador, afirmó que la defensa de su padre dejó de ser un asunto exclusivamente familiar y se convirtió en una causa vinculada con la protección del debido proceso y los derechos de cualquier ciudadano.
Destacó además la trayectoria política de Ruffo y su participación en la construcción de mecanismos de participación democrática en Baja California.
La familia informó que la estrategia legal fue reforzada con la incorporación de cuatro abogados y que actualmente existen dos juicios de amparo admitidos: uno contra la medida cautelar y otro relacionado con la vinculación a proceso.
Hasta el momento, precisó, no se ha otorgado una suspensión provisional, por lo que continuarán litigando para modificar las condiciones de reclusión.
Otro de los reclamos se relacionó con las condiciones en las que el ex gobernador permanece en prisión.
Su hija aseguró que inicialmente enfrentaron dificultades para hacerle llegar medicamentos y otros artículos necesarios, aunque señaló que la situación mejoró después de que las denuncias fueron hechas públicas.
A la defensa se sumó el ex presidente Vicente Fox, quien advirtió sobre el riesgo de que las instituciones de justicia sean utilizadas para perseguir políticamente a opositores.
Consideró indispensable reconstruir las instituciones y llamó a la ciudadanía a involucrarse en la defensa de las libertades.
El Comité Plural informó que su movimiento ya tiene presencia en al menos diez entidades y pretende ampliar su estructura mediante organizaciones y grupos ciudadanos.
Además, analiza acudir a organismos internacionales, entre ellos mecanismos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si las instancias nacionales no resuelven sus planteamientos.
Sobre las acusaciones por huachicol fiscal, la defensa reconoció que Ruffo tuvo participación accionaria en una empresa que contaba con permisos de importación, pero rechazó que esa circunstancia lo haga responsable de las operaciones que actualmente se investigan.
El Comité Plural insistió en que su objetivo no es frenar las investigaciones, sino garantizar que Ruffo pueda defenderse en libertad y que su caso sea resuelto bajo los principios de presunción de inocencia, debido proceso e igualdad ante la ley.
Los integrantes del movimiento advirtieron que mantendrán la presión jurídica, política y ciudadana hasta que se determine su responsabilidad o inocencia.
