México, 7 de diciembre de 2017.- Senadores del PAN presentaron reformas a la Constitución, para que el presidente de la República sea sujeto a juicio político.
Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y Marcela Torres Peimbert, también propusieron que hasta tres años después de concluido su mandato, el Presidente podrá ser acusado por hechos de corrupción.
En la exposición de motivos de su iniciativa, los panistas señalan que la actuación de los servidores públicos debe estar en total apego de los principios éticos de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y no solo al cumplimiento que establece la norma por el temor a ser sancionado por el incumplimiento de la ley.
Así, al ser el presidente de la República el primer mandatario, es el obligado principal ante la ley y ante sus representados a conducirse con verdadera responsabilidad, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, para que ello signifique en ejemplo ante los que ejercen diariamente la función pública.
En tribuna, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que al presidente de la República se le exceptúa de estas responsabilidades.
“En la monarquía imperial, en el viejo México que prevalece al señor presidente de la República no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. (…) Los casos del tren México-Querétaro, la Casa Blanca, Higa, Odebrecht, el Aeropuerto de la Ciudad de México, el socavón de Cuernavaca, son impresentables, el diseño es tan malo, que un propio subordinado exonera a su jefe. (…) que el señor presidente de la República también pueda ser sujeto de juicio político”.
Los panistas precisan que su propuesta pretende eliminar la impunidad y la inmunidad con la que se pretende esfumar cada administración, tal como sucede al día de hoy con la intención de implantar un fiscal (general) a modo para tapar todo hecho de corrupción por nueve años o bajo el cobijo que brinda hasta el momento la Constitución.
En caso de que el Presidente sea sujeto a juicio político durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, sí ha o no ha lugar a proceder contra el inculpado.
