México, 17 de marzo.- El Senado de la República recibió este martes la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, y la turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y dictaminación.
El proyecto plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, además de incluir nueve disposiciones transitorias.
En el apartado de revocación de mandato, propone ampliar el periodo en el que puede realizarse este ejercicio, de modo que tenga lugar en el tercer o cuarto año (2027 o 2028) del mandato del Ejecutivo federal.
Asimismo, se establece que la persona sujeta a este mecanismo —en este caso, la presidenta de la República— podrá participar en la difusión del proceso e incluso promover el voto a su favor, en los términos que determine la legislación correspondiente.
En el ámbito municipal, la iniciativa contempla que cada ayuntamiento cuente únicamente con una sindicatura y de 7 a 15 regidurías.
Ningún presidente municipal ni regidor podrá recibir ingresos superiores a los establecidos oficialmente ni acceder a bonos, seguros u otros beneficios adicionales financiados con recursos públicos
El documento propone que las constituciones de las entidades federativas fijen un límite al presupuesto anual de los congresos locales, el cual no deberá superar el 0.7 por ciento del total del presupuesto de egresos estatal.
El “Plan B” también contempla límites a las remuneraciones de consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas y homólogas del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales en las entidades federativas, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.
Estos funcionarios según la iniciativa no podrán adquirir o contratar recursos públicos, seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
De acuerdo con el documento remitido por la Secretaría de Gobernación, la propuesta busca un doble objetivo: garantizar un uso más austero de los recursos públicos y ampliar las herramientas para que la ciudadanía pueda remover a sus autoridades.
El punto central de la iniciativa no es únicamente la reducción de privilegios, sino el fortalecimiento de la revocación de mandato como instrumento de control político directo.
El texto subraya que la soberanía reside en el pueblo y que éste debe contar con mecanismos efectivos para “alterar o modificar la forma de su gobierno”, lo que coloca la revocación como una vía institucional para destituir a gobernantes que no respondan al interés público .
En ese sentido, la propuesta refuerza una narrativa clave del gobierno: trasladar mayor poder de decisión a la ciudadanía por encima de las estructuras tradicionales de representación.
La iniciativa también plantea que la reforma responde a problemas históricos como:
• Desigualdad social
• Corrupción
• Despilfarro de recursos públicos
• Uso ineficiente del gasto
Se señala que estos factores han afectado la administración pública, especialmente en etapas previas, por lo que se propone eliminar privilegios en presupuestos, remuneraciones y gasto público .
