México, 9 de octubre.- Antonino Morales, senadora de Morena, presentó una iniciativa para obligar a jueces y fiscales a garantizar justicia con perspectiva intercultural para indígenas y afromexicanos.
La iniciativa propone activar medidas de protección desde el inicio del proceso penal, sin que las personas tengan que solicitarlas, para evitar violaciones al debido proceso y garantizar el acceso a intérpretes y defensores especializados.
El reconocimiento de la identidad indígena o afromexicana podría convertirse en un elemento obligatorio para garantizar una defensa adecuada y un proceso penal con perspectiva intercultural.
La iniciativa plantea reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y establecer que jueces y ministerios públicos actúen de oficio cuando existan indicios de que una persona pertenece a alguno de estos pueblos.
La propuesta busca que el desconocimiento del español, las diferencias culturales o la pertenencia a una comunidad originaria no se traduzcan en desventajas ante las autoridades judiciales, ni propicien detenciones arbitrarias, abusos o vulneraciones de los derechos humanos.
El proyecto contempla modificaciones a los artículos 109, 113 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el propósito de incorporar medidas diferenciadas que permitan atender las necesidades lingüísticas, culturales y jurídicas de las personas indígenas y afromexicanas involucradas en un procedimiento, ya sea en calidad de víctimas, ofendidos o imputados.
Uno de los puntos centrales consiste en que las autoridades no tengan que esperar una solicitud expresa para brindar estas garantías.
Cuando existan indicios de que una persona pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, la persona juzgadora deberá preguntarle si se reconoce como integrante de alguno de estos pueblos.
El Ministerio Público también tendrá obligaciones para identificar esa condición y asegurar que se respeten sus derechos.
La iniciativa plantea que los procesos se conduzcan con perspectiva intercultural, lo que implica considerar las particularidades de cada comunidad y sus sistemas normativos, además de garantizar la participación de intérpretes, defensores y peritos con conocimientos de la lengua y la cultura correspondientes.
El objetivo es que las diferencias lingüísticas y culturales no obstaculicen la comprensión de las acusaciones, el ejercicio del derecho a la defensa ni la posibilidad de intervenir plenamente en las distintas etapas del procedimiento penal.
Morales Toledo, quien es de origen zapoteco, sostuvo que el reconocimiento de la autoadscripción constituye una herramienta para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El legislador advirtió que integrantes de estas comunidades enfrentan violaciones procesales que pueden agravar su situación jurídica.
Entre los problemas señalados se encuentran detenciones arbitrarias realizadas por policías o militares, vulneraciones al debido proceso y la falta de intérpretes, abogados y defensores que hablen lenguas originarias o comprendan sus contextos culturales.
De acuerdo con los argumentos de la propuesta, estas deficiencias pueden derivar en afectaciones graves a los derechos humanos e incluso, según lo expuesto por el senador, en actos de tortura durante el proceso.
La reforma también contempla garantías específicas para las víctimas y las personas ofendidas. Si alguna de ellas se reconoce como indígena o afromexicana, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales deberán adoptar, en cualquier etapa del procedimiento, medidas diferenciadas para asegurar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño.
La iniciativa se sustenta en la reforma al artículo segundo de la Constitución, que establece obligaciones para las autoridades en materia de reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Bajo este principio, el Estado debe adoptar medidas que permitan superar las desigualdades estructurales que limitan su acceso a las instituciones de justicia.
La propuesta legislativa también se vincula con el proceso de transformación jurídica de Oaxaca. En ese contexto, la nueva Constitución estatal impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz y el proceso de consulta encabezado por el Congreso local representan, de acuerdo con el planteamiento difundido, una oportunidad para incorporar el enfoque intercultural y ampliar la protección de los derechos colectivos e individuales de estos pueblos.
De avanzar la iniciativa, el reto será convertir estas obligaciones legales en garantías efectivas para que ninguna persona enfrente un proceso penal en condiciones de desventaja por su lengua, identidad o pertenencia cultural.
