Proponen intervención de comunicaciones para perseguir delitos electorales

México, 7 de noviembre de 2018.- Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, fiscal para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) entregó al Senado una reforma de ley que amplía el catálogo de delitos, permite la intervención de comunicaciones privadas para su persecución y la prisión preventiva oficiosa para algunos casos.

La iniciativa propone tipificar al menos 6 nuevos ilícitos:

Violencia política por razón de género, conductas ilícitas de aspirantes a candidatos independientes y candidatos; sanción a gestores o auxiliares de los aspirantes a candidatos independientes.

Sanciones a conductas típicas realizadas en periodo de inter-campaña; falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar y financiamiento y gasto ilícito con recursos del extranjero y haciendo uso del sistema financiero.

El titular de Fepade mencionó que la reforma prevé elevar las penas para sancionar algunos delitos.

“El 95 por ciento de los tipos penales de acuerdo como está configurada la ley, no son delitos que tengan una penalidad alta, no son delitos que se consideran graves. (…) Una de las ideas de nosotros es también subir las penas. No en todos los tipos penales, porque hay tipos penales que derivan de una situación de alta vulnerabilidad o de marginalidad social y consideramos que estas personas que por no tener el conocimiento suficiente o una cultura cívica democrática se dejan intimidar, comprar el voto y una compra del voto puede ser, ¿no sé?, 500, 600 pesos y a la hora de un proceso penal no tienen ni siquiera para pagar un abogado”.

Detalló también que la propuesta contempla la creación de juzgados especializados en delitos electorales.

La Fepade plantea que las investigaciones penales, impacten los resultados electorales, apoyadas en una policía de investigación, peritos y analistas especializados.

Además, se sugiere ampliar el presupuesto de la Fiscalía, pues el actual fue de sólo 161 millones de pesos.

Esta propuesta reforma la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.