México, 25 de mayo.- La presidenta Claudia Sheinbaum, evitó pronunciarse sobre las razones por las que nunca avanzó la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero dejó clara su postura frente a los casos de corrupción: “es mejor que regrese lo robado” a que un funcionario termine en prisión y posteriormente conserve los bienes obtenidos ilícitamente.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre la revelación de que la entonces fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, presuntamente nunca envió a la Cámara de Diputados la solicitud formal para iniciar el juicio de procedencia contra “Alito” Moreno, expediente que permaneció congelado pese a las investigaciones abiertas en Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.
La mandataria sostuvo que desconoce por qué el caso no fue remitido al Congreso y subrayó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República determinar si existen elementos para proceder.
“No conozco por qué no se envió a la Cámara de Diputados”, respondió.
Sin embargo, Sheinbaum aprovechó el tema para fijar una posición política y jurídica sobre los casos de corrupción: priorizar la recuperación de bienes y recursos públicos antes que el encarcelamiento de los responsables.
“Desde mi punto de vista, aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo”, señaló.
El punto central de la declaración presidencial fue su defensa de mecanismos alternativos al encarcelamiento, siempre y cuando exista devolución de bienes obtenidos ilegalmente.
La presidenta insistió en que el desafuero o la prisión no necesariamente son la única vía para impartir justicia y puso sobre la mesa figuras como la extinción de dominio y los acuerdos reparatorios.
“No necesariamente tiene que ser desaforado y llevado a juicio”, afirmó.
Sheinbaum argumentó que en múltiples casos los funcionarios procesados terminan recuperando su libertad y disfrutando posteriormente de los recursos presuntamente obtenidos de manera ilícita, por lo que consideró más útil para el Estado recuperar el patrimonio.
“Imagínense, se va a la cárcel la persona, luego sale de la cárcel y se va a gozar de sus bienes que se robó, pues mejor que regrese los bienes”, dijo.
La mandataria incluso comparó el caso con investigaciones impulsadas durante la gestión de Ernestina Godoy Ramos en la Ciudad de México sobre el llamado “Cártel Inmobiliario” en la alcaldía Benito Juárez, donde —según explicó— algunos implicados tuvieron la oportunidad de devolver propiedades o beneficios obtenidos irregularmente.
A lo largo del intercambio, la presidenta evitó responsabilizar directamente a actores políticos como Ricardo Monreal Ávila o Adán Augusto López Hernández, cuyos nombres fueron mencionados al referirse al presunto congelamiento del expediente en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum reiteró en varias ocasiones que la Fiscalía y el Poder Judicial son órganos autónomos y que el Ejecutivo no puede intervenir en sus decisiones.
“No es un asunto de la presidenta”, enfatizó.
También defendió el trabajo tanto del ex fiscal general Alejandro Gertz Manero como de Ernestina Godoy, aunque reconoció que pueden existir casos donde se cuestione si las autoridades actuaron correctamente.
“Para eso está la fiscalía y ha hecho muy buen trabajo la fiscalía”, sostuvo.
La mandataria dejó claro que, en su visión, el objetivo prioritario debe ser resarcir el daño al patrimonio público.
“Si alguien se robó un terreno siendo autoridad, pues que se regrese el terreno para que se construya una universidad”, ejemplificó.











