México, 19 de febrero.- El Senado abrirá a partir de la próxima semana la discusión formal de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios de confianza, en lo que Morena perfila como una de las reformas con mayor carga simbólica en materia de austeridad y combate a privilegios en el servicio público.
El senador Pável Jarero Velázquez adelantó que la propuesta será recibida el próximo lunes en la Cámara Alta y confió en que pueda avanzar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, al considerar que nadie puede estar en contra de eliminar beneficios que calificó como desproporcionados y que representan un costo anual cercano a los cinco mil millones de pesos.
Más allá del contenido técnico de la reforma al artículo 127 constitucional, el mensaje político de Morena es claro: colocar a la oposición ante la disyuntiva de respaldar la eliminación de privilegios o asumir el costo de defenderlos.
Jarero Velázquez sostuvo que los recursos que hoy se destinan a esas pensiones podrían redirigirse a programas sociales, reforzando el discurso de justicia distributiva impulsado por el Ejecutivo federal.
El legislador, integrante de la Comisión de Estudios Legislativos, recordó que durante administraciones del PRI y del PAN se consolidó lo que denominó una “burocracia dorada”, caracterizada por altos salarios, vehículos oficiales, vales de gasolina y despensa, bonos de retiro y pensiones cuantiosas para mandos superiores.
La iniciativa plantea que las pensiones de exfuncionarios de confianza no excedan el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo federal, estableciendo un límite claro vinculado al principio constitucional de que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República.
Jarero subrayó que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuenten con contratos colectivos, sino exclusivamente a puestos de confianza y altos mandos que, afirmó, continúan recibiendo beneficios financiados con recursos públicos.
De acuerdo con el senador por Nayarit, una vez recibida la iniciativa será turnada previsiblemente a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos, donde se abrirá un proceso de análisis que podría incluir modificaciones para enriquecer el texto.
El debate se anticipa relevante no solo por su impacto presupuestal, sino por su alcance constitucional y por el precedente que podría sentar en materia de límites a las remuneraciones y prestaciones en la administración pública federal.
En opinión del legislador, la propuesta también contribuirá a reducir la brecha salarial dentro del sector público, la cual —dijo— creció sin límites durante años, profundizando la desigualdad entre altos mandos y el resto de los trabajadores del Estado.
