México, 21 de septiembre.- La cancelación del sistema de ascenso y descenso en el futbol mexicano dejó de ser únicamente un asunto deportivo y llegó al Senado, donde legisladores de todos los grupos parlamentarios, especialistas, analistas, periodistas deportivos, jugadores y exjugadores analizaron sus efectos sobre la competencia, las inversiones, el empleo y los derechos de los aficionados.
Durante el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, senadores coincidieron en que el modelo vigente debe revisarse y plantearon la necesidad de encontrar mecanismos que permitan recuperar la movilidad entre categorías, sin poner en riesgo la estabilidad financiera de los clubes.
El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, sostuvo que el futbol es un asunto de interés público porque las decisiones de las empresas privadas que participan en este deporte tienen consecuencias que van más allá de la cancha y repercuten en oportunidades laborales, inversiones y derechos de las comunidades.
Anunció que Movimiento Ciudadano presentará este martes una iniciativa de ley para establecer expresamente el mérito deportivo como uno de los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales, con el objetivo de garantizar condiciones de competencia y oportunidades para los equipos y atletas.
Es decir, que el ascenso y descenso queden reconocidos en la legislación mexicana.
La iniciativa busca que los resultados deportivos sean un elemento fundamental para determinar la participación y permanencia de equipos en las distintas categorías, particularmente en el futbol, aunque la propuesta pretende tener un alcance general para las diferentes disciplinas deportivas.
Movimiento Ciudadano aclaró que la intención no es administrar el futbol ni sustituir las atribuciones de las autoridades o de las organizaciones deportivas, sino establecer reglas que permitan preservar la competencia entre las distintas categorías.
Aclaró que reconocer ese carácter público no significa que el Estado deba administrar el futbol o sustituir a las autoridades deportivas, sino que la autonomía del sector debe ejercerse dentro de un marco jurídico.
“La autonomía del fútbol merece respeto, pero autonomía no significa ausencia de responsabilidades”, afirmó.
Castañeda consideró que eliminar el ascenso y descenso no sólo modifica las reglas de competencia, sino que restringe una de las principales vías para que jugadores, clubes y trabajadores hagan crecer sus proyectos deportivos.
“El fútbol debería abrir oportunidades en lugar de cerrarlas”, señaló.
El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, afirmó que el futbol profesional, además de deporte, es un negocio, por lo que los equipos que logren deportivamente ascender deben recibir apoyo y contar con garantías que les permitan competir en Primera División, particularmente en materia económica.
Sostuvo que existe coincidencia entre las distintas fuerzas políticas para buscar una fórmula que permita recuperar el ascenso y descenso y con ello fortalecer la competencia y mantener el interés de millones de aficionados.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, pidió escuchar también a los directivos de la Primera División y a la Federación Mexicana de Futbol para conocer sus argumentos sobre la eliminación del ascenso.
Mier puso el acento en el componente económico detrás de la decisión.
Señaló que, dentro de las distintas variables que conforman al futbol mexicano, la que determinó la cancelación del acceso a la máxima categoría “no fue deportiva, no fue la competencia, no fue el mérito, fue el modelo económico, el modelo de negocios”.
El panista Mauricio Vila Dosal planteó revisar mecanismos que permitan que los equipos que descienden tengan posibilidades reales de regresar a la Primera División en un periodo razonable.
Expuso que existe una enorme brecha económica entre ambas categorías: mientras un club de Liga MX genera en promedio alrededor de 63 millones de dólares anuales, uno de la Liga Expansión obtiene aproximadamente 2.2 millones.
Por ello, propuso analizar esquemas de compensación similares a los existentes en Inglaterra, donde los equipos que descienden reciben durante varios años una proporción de los ingresos derivados de los derechos de televisión, con el objetivo de amortiguar el impacto financiero de perder la categoría.
El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, cuestionó que no exista una justificación estrictamente deportiva para mantener cerrado el ascenso.
La discusión, dijo, obliga a preguntar “hasta dónde deja de ser deporte y se convierte en un producto comercial”.
Consideró que permitir el acceso a una categoría superior mediante invitaciones, mientras se impide llegar a ella por mérito deportivo, genera condiciones que afectan el espíritu de competencia y la cohesión alrededor del futbol.
Desde el PRI, Manuel Añorve Baños reconoció que los clubes requieren estabilidad financiera, infraestructura, estadios adecuados y reglas claras para competir en la máxima categoría.
Sin embargo, subrayó que establecer requisitos serios y transparentes para ascender es distinto a cerrar definitivamente la puerta a los equipos que consiguen deportivamente el derecho a competir.
Advirtió que una liga sin ascenso y descenso pierde competitividad, emoción y parte de su sentido deportivo, pues subir de categoría representa para una ciudad, una afición y una institución la posibilidad de crecer a partir de sus resultados.
A su vez, Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, planteó que la Comisión Nacional de Antimonopolio debe analizar y, en su caso, sancionar posibles prácticas monopólicas que afecten el mercado del futbol profesional mexicano.
El legislador sostuvo que el ascenso “no es un privilegio, es el premio al mérito deportivo” y advirtió que cerrar esa posibilidad limita la competencia y frena el desarrollo de los proyectos deportivos.
El debate en el Senado coloca así en el centro de la discusión la tensión entre el modelo de negocio de la Liga MX y el principio de competencia deportiva: mientras los clubes requieren certeza financiera para invertir, legisladores de distintas fuerzas sostienen que esa estabilidad no debería convertirse en una barrera permanente para que un equipo pueda alcanzar la máxima categoría mediante sus resultados.
La discusión apunta ahora a encontrar un esquema que combine solvencia económica, infraestructura, reglas transparentes y mérito deportivo, sin que el crecimiento del futbol mexicano quede determinado exclusivamente por la capacidad financiera de los clubes.
