México, 28 de julio.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la consulta pública de los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias en radio y televisión, una regulación que por primera vez establece con detalle las obligaciones de los concesionarios para distinguir entre información, opinión y publicidad, atender quejas ciudadanas y contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias, con la posibilidad de imponer sanciones cuando exista incumplimiento.
La presidenta sostuvo que la disposición sobre los derechos de las audiencias incluida en la nueva legislación de telecomunicaciones no constituye un mecanismo de censura, sino un esquema de autorregulación en el que cada medio de comunicación define su propio código de ética y responde ante las audiencias por su cumplimiento.
Precisó que cualquier multa representa la última instancia de un proceso que corresponde exclusivamente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT)
“Y además se va a venir una serie de… porque ya empezaron hoy a decir que censura, no tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio. Por eso decimos que es un proceso de autorregulación. Ya la multa es la última instancia si la comisión considera que no se cumplió nada con lo que piden las audiencias, pero es un proceso de la comisión”, declaró.
El eje central de la presentación fue el inicio del proceso de consulta, que permanecerá abierto durante 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto, antes de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emita la versión definitiva de los lineamientos derivados de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum subrayó que la elaboración de los lineamientos corresponde exclusivamente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo con autonomía técnica creado tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero consideró importante que la ciudadanía conozca su contenido y participe en la consulta pública.
La mandataria destacó que los derechos de las audiencias constituyen una demanda histórica de la sociedad y recordó que el derecho a la información está consagrado en la Constitución.
Por ello, invitó a participar tanto a concesionarios de radio y televisión como a radios comunitarias, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos en general.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013 y desarrollados en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2014.
Sin embargo, señaló que una reforma impulsada en 2017 eliminó diversas protecciones, situación que fue revertida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022 al considerar que representaba un retroceso.
Afirmó que la nueva legislación promovida por el actual gobierno recupera y fortalece esas garantías, mientras que los lineamientos emitidos por la Comisión buscan hacerlas plenamente aplicables.
Los lineamientos serán obligatorios para concesionarios de televisión abierta, radio, televisión restringida y servicios de audio de paga, así como para medios de uso comercial, público y social.
Entre los principales derechos que deberán garantizar los medios se encuentra ofrecer información veraz y oportuna, evitando la difusión de contenidos falsos, descontextualizados o información antigua presentada como si fuera actual.
Asimismo, deberán diferenciar claramente las noticias de las opiniones mediante avisos, plecas o mensajes que permitan al público identificar cuándo se trata de un hecho informativo y cuándo de un comentario editorial.
La regulación también obliga a distinguir el contenido periodístico de la publicidad, con mecanismos visibles para evitar confusión entre la audiencia.
Otro de los aspectos relevantes es el fortalecimiento del derecho de réplica, que permitirá a las personas solicitar la corrección de información falsa o inexacta que afecte su imagen.
Además, incorpora medidas específicas para proteger a personas con discapacidad mediante servicios de accesibilidad y representaciones visuales incluyentes.
Como parte de las nuevas obligaciones, todas las estaciones de radio y televisión deberán elaborar un código de ética que incluya expresamente los derechos de las audiencias, criterios editoriales, procedimientos para presentar quejas y mecanismos para garantizar que la información difundida cuente con elementos que acrediten su veracidad.
También será obligatoria la designación de al menos una persona defensora de las audiencias por concesionario, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de carecer de conflictos de interés.
En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, esa persona deberá pertenecer a la propia comunidad.
Respecto al procedimiento de atención de inconformidades, Alcalde explicó que las audiencias podrán presentar una queja ante la defensoría correspondiente.
Si ésta determina que hubo una violación a sus derechos emitirá una recomendación al medio. En caso de incumplimiento, el asunto podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá facultades para intervenir y, como última instancia, imponer multas y otras sanciones previstas en la legislación.
El gobierno federal insistió en que la regulación se limita a los servicios de radio y televisión y no incluye a la prensa escrita ni a las plataformas digitales, temas que, reconoció la presidenta, continúan sujetos al debate público y podrían analizarse en futuras discusiones legislativas.
La consulta pública concluirá el próximo 21 de agosto, cuando la Comisión evalúe las propuestas recibidas antes de emitir los lineamientos definitivos.
