México, 11 de noviembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de intentar desacreditar desde ahora las elecciones federales de 2027, ante la pérdida de credibilidad y los bajos niveles de respaldo que, afirmó, tienen sus partidos, y sostuvo que detrás de los señalamientos contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y la gestión de la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei, existe el propósito de generar desconfianza sobre la autoridad que tendrá a su cargo la organización de los próximos comicios.
En este contexto, demandó una investigación profunda sobre los contratos de impresión de material y documentación electoral que, desde 2014, habrían concentrado miles de millones de pesos en un grupo de empresas, pero también planteó reabrir la discusión sobre el proceso presidencial de 2006, al que calificó como un fraude electoral que impidió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
Durante su conferencia, Sheinbaum consideró que no puede analizarse la situación actual de las autoridades electorales sin revisar sus antecedentes, las decisiones de quienes integraron el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente el INE, así como los cuestionamientos que han acompañado distintos procesos electorales.
La mandataria se refirió a información difundida sobre una reunión que habría sostenido Arturo Sánchez Gutiérrez, entonces consejero del IFE, con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2006.
De acuerdo con los cables diplomáticos de WikiLeaks mencionados en la pregunta, el consejero habría anticipado que Felipe Calderón ganaría los comicios por aproximadamente tres puntos porcentuales y expresado preocupación por la reacción de López Obrador ante una eventual derrota.
También se habría reportado la antipatía que Sánchez Gutiérrez manifestaba hacia el entonces candidato presidencial de la izquierda.
El señalamiento adquiere relevancia, sostuvo la pregunta planteada a la presidenta, porque Arturo Sánchez Gutiérrez fue nombrado consejero electoral en 2003, durante la integración del Consejo General encabezado por Luis Carlos Ugalde, y posteriormente volvió a ocupar una posición en la autoridad electoral, ya como integrante del INE, en 2014.
Ante la posibilidad de que el exconsejero explique por qué acudió a la representación diplomática estadounidense y cómo tenía tanta certeza sobre el resultado electoral antes de la jornada, Sheinbaum consideró que sería conveniente que hiciera una declaración pública.
“Bueno, pues que haga su declaración este exconsejero del instituto”, respondió.
La presidenta aprovechó el cuestionamiento para ampliar sus críticas a los antecedentes del sistema electoral y vincularlos con las investigaciones que actualmente se desarrollan sobre los contratos de proveedores de documentación electoral.
Sheinbaum sostuvo que los cuestionamientos recientes contra el INE y sus integrantes deben analizarse en el contexto de una estrategia política de la oposición para debilitar la confianza ciudadana en las instituciones electorales antes de las elecciones de 2027.
“Ahora, ¿qué hay en el fondo también? Querer desacreditar la elección del 2027, porque ese es el objetivo, porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas, que ahora lo que buscan es desacreditar la elección del 2027”, afirmó.
Aseguró que la organización de los próximos comicios está garantizada por las autoridades electorales actuales y que corresponderá al INE, junto con la Cámara de Diputados en el proceso de designación de su nueva presidencia, asegurar el desarrollo de la jornada electoral.
“¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral, con los consejeros que están ahí y la Cámara de Diputados que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero están garantizadas las elecciones”, señaló.
Sin embargo, insistió en que la garantía de los comicios no significa que deban dejarse de investigar las presuntas irregularidades relacionadas con las empresas que han obtenido contratos electorales durante más de una década.
La mandataria rechazó que las indagatorias deban concentrarse exclusivamente en la gestión de Guadalupe Taddei, quien se separó de la presidencia del INE para facilitar las investigaciones relacionadas con los señalamientos difundidos en videos y publicaciones periodísticas.
Afirmó que los antecedentes de los proveedores y la concentración de contratos se remontan a administraciones anteriores y que, por tanto, deben revisarse las responsabilidades de quienes participaron en la configuración de ese esquema.
La presidenta recordó que Guadalupe Taddei fue designada en 2014 como consejera de un organismo público local electoral de Sonora por el Consejo General del entonces INE, encabezado por Lorenzo Córdova.
Explicó que la reforma electoral de 2013, impulsada durante el Pacto por México, modificó el mecanismo de integración de los organismos electorales estatales y otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar a sus consejeros en las 32 entidades federativas.
Antes de esa modificación, recordó, los congresos estatales tenían la atribución de designar a los integrantes de sus respectivas autoridades electorales.
Sheinbaum cuestionó que ahora se pretenda presentar los señalamientos contra Taddei como un problema limitado a su gestión, cuando, según su exposición, los antecedentes de los contratos y de las empresas proveedoras vienen de mucho antes.
En uno de los momentos centrales de su exposición, Sheinbaum cuestionó que los sectores de oposición y los personajes que actualmente defienden la trayectoria del IFE y del INE presenten a esas instituciones como referentes incuestionables de la democracia mexicana.
Sostuvo que el antiguo IFE arrastra una de las mayores manchas de la historia electoral del país: la elección presidencial de 2006, cuando Felipe Calderón fue declarado ganador frente a López Obrador, en un proceso que el movimiento de izquierda denunció como fraudulento.
“Ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006”, afirmó.
La presidenta también recordó los cuestionamientos al proceso electoral de 2012, particularmente por la presunta compra de votos, y sostuvo que las autoridades electorales tampoco actuaron con la contundencia necesaria frente a distintas irregularidades registradas entre 2014 y 2024.
En ese sentido, consideró contradictorio que Luis Carlos Ugalde, quien encabezaba el IFE durante la elección presidencial de 2006, sea actualmente uno de los principales defensores de la autoridad electoral.
A ello sumó las declaraciones recientes del expresidente Vicente Fox, quien, según la mandataria, reconoció en una entrevista que intervino para impedir que López Obrador llegara a la Presidencia de la República.
La presidenta cuestionó que Fox posteriormente intentara matizar o explicar sus palabras, al recordar que durante su administración el entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar, solía salir a precisar lo que supuestamente había querido decir el mandatario.
“Es muy relevante esa entrevista que da Fox hace la semana pasada, muy relevante, porque dice que en efecto él no iba a permitir que llegara López Obrador a la Presidencia, es decir, reconoce que participó para que no llegara López Obrador”, sostuvo.
Para Sheinbaum, esas declaraciones deben analizarse junto con los señalamientos sobre la actuación de los consejeros electorales en 2006 y la información de que uno de ellos habría anticipado el triunfo de Calderón antes de la jornada electoral.
“¿Por qué no llegó López Obrador? Por un fraude electoral, que ahora nos dices que un consejero electoral ya sabía desde hace dos semanas que iba a ocurrir”, expresó.
En consecuencia, consideró que la investigación sobre el comportamiento de las autoridades electorales no debe limitarse a los contratos actuales, sino extenderse a los acontecimientos que marcaron la elección presidencial de hace dos décadas.
“Que se investigue también el fraude del 2006, muy relevante en el país”, demandó.
Sheinbaum insistió en que el debate sobre la credibilidad de las instituciones electorales debe incluir una revisión histórica de su actuación, las denuncias de fraude, la presunta compra de votos y los intereses económicos que, aseguró, se construyeron alrededor de las contrataciones electorales.
La presidenta colocó así tres exigencias en el centro de la discusión: investigar a fondo el entramado de empresas y contratos electorales, garantizar la organización y credibilidad de las elecciones de 2027 y revisar los acontecimientos de 2006 para esclarecer las responsabilidades políticas e institucionales en el proceso que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia.
