México, 24 de marzo.- La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció el envió al Senado de una iniciativa para establecer una ley general que permita prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todas las entidades federativas y reducir la impunidad en estos casos.
Durante su posicionamiento, Sheinbaum explicó que la propuesta surge a partir de un modelo de investigación aplicado previamente en la Ciudad de México, desarrollado cuando Ernestina Godoy estuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia capitalina, junto con su equipo.
“Una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo, no creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida”, declaró.
Dicho esquema, afirmó, permitió fortalecer la atención de los casos de feminicidio y disminuir los niveles de impunidad al mejorar las capacidades de investigación y judicialización.
La mandataria detalló que la iniciativa plantea elevar a rango constitucional la posibilidad de contar con una ley general en la materia, lo que implicaría que, una vez aprobada por el Congreso de la Unión, también tendría que ser adoptada por las legislaturas locales, garantizando así una aplicación uniforme en todo el país.
En este sentido, Sheinbaum subrayó la diferencia entre una ley federal —que sólo rige en el ámbito de competencia de la Federación— y una ley general, que obliga a las entidades federativas a armonizar su legislación local conforme a los lineamientos establecidos a nivel nacional.
El propósito, dijo, es que todas las fiscalías del país operen bajo un mismo marco jurídico que fortalezca la investigación y sanción del feminicidio.
La propuesta también contempla el desarrollo de políticas públicas orientadas a la prevención del delito, además de mecanismos para garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas.
De acuerdo con la presidenta, se trata de una reforma integral que no sólo atiende el aspecto penal, sino también la prevención y la protección de los derechos de las mujeres.
El elemento central de esta iniciativa es la intención de estandarizar la investigación del feminicidio en todo el país mediante una ley general obligatoria para las entidades federativas.
El enfoque responde a una problemática estructural: la disparidad en las capacidades institucionales de las fiscalías estatales y la falta de criterios uniformes para investigar este delito.
El modelo que se busca replicar a nivel nacional apunta a fortalecer la coordinación entre autoridades, mejorar las metodologías de investigación con perspectiva de género y reducir la impunidad, uno de los principales desafíos en materia de violencia contra las mujeres en México.
La presidenta destacó que, con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, el Ministerio Público estará obligado a investigar como feminicidio cualquier muerte violenta de una mujer desde el inicio de las indagatorias.
Explicó que esto representa un cambio sustantivo, ya que anteriormente en algunos casos las autoridades clasificaban de manera preliminar las muertes como suicidios u otras causas, sin una investigación exhaustiva.
“De inicio, cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio”, subrayó.
Precisó que, conforme avance la investigación, el Ministerio Público podrá determinar si se trató o no de un feminicidio.
En caso de que las pruebas indiquen que la muerte tuvo otra causa, se reclasificará el delito; sin embargo, el punto central es que ninguna muerte violenta quede fuera de una indagatoria bajo este protocolo desde el comienzo.
Sheinbaum señaló que este enfoque busca evitar prácticas en las que, de manera preliminar, se descartaban posibles feminicidios sin una investigación adecuada.
“Hay muchos casos todavía en los que se ha dicho que se suicidó o que broncoaspiró”, mencionó, al insistir en que ahora toda muerte violenta deberá investigarse bajo este esquema.
Asimismo, destacó la incorporación del llamado “turno continuado”, que implica que la investigación tenga seguimiento constante y no se fragmenta entre distintos ministerios públicos.
Esto, dijo, es relevante porque en muchos casos las víctimas de feminicidio tienen vínculos cercanos con sus agresores, y los testimonios familiares pueden ser clave desde el inicio del proceso.
La presidenta afirmó que el objetivo de la legislación es fortalecer la prevención y erradicar el feminicidio en el país, garantizando que ninguna mujer muera por razones de género y que estos delitos no sean minimizados o mal clasificados.
Añadió que, al tratarse de una ley general, las entidades federativas deberán armonizar sus marcos legales para adoptar estas disposiciones.
