México, 27 de octubre.- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión exhaustiva de los recursos públicos, contratos y gastos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto de la actual administración encabezada por Guadalupe Taddei Zavala como de gestiones anteriores, para esclarecer posibles irregularidades, conflictos de interés y actos de corrupción.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la fiscalización no debe limitarse a los contratos recientemente cuestionados, sino extenderse a todos los señalamientos acumulados durante los últimos años, con el propósito de transparentar el manejo del presupuesto del organismo electoral y deslindar responsabilidades.
“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo, tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos, tanto en el periodo de Guadalupe Taddei como previamente”, afirmó.
Sheinbaum consideró indispensable conocer desde cuándo existen relaciones contractuales con las empresas señaladas y revisar las condiciones en las que fueron contratadas.
Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas bancarias de algunas empresas vinculadas a Taddei, aunque posteriormente obtuvieron un amparo que les permitió continuar operando.
La presidenta insistió en que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias y evitar cualquier sospecha sobre el manejo de los recursos públicos.
“No puede haber una sombra de conflicto de interés, corrupción; tiene que abrirse, transparentarse y no puede volver a ocurrir”, advirtió.
La revisión solicitada también abarcaría expedientes de administraciones anteriores, incluidos señalamientos relacionados con el presunto uso indebido de recursos públicos para elaborar encuestas, posibles irregularidades en el manejo de equipo tecnológico destinado al padrón electoral y la lista nominal, así como actuaciones vinculadas con consultas populares.
Entre los casos mencionados durante la conferencia figuran los expedientes 138-2022, 173-2020 y 94-2021, en los que se hicieron señalamientos contra exfuncionarios electorales, entre ellos, Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del instituto.
La existencia de estas investigaciones no implica que se haya acreditado responsabilidad de las personas mencionadas.
Al ser cuestionada sobre el desempeño del Órgano Interno de Control del INE, Sheinbaum señaló que corresponde a la Cámara de Diputados determinar su continuidad o eventual sustitución, debido a que esa instancia legislativa interviene en su designación.
Sin embargo, planteó que dicho órgano entregue a la ASF toda la información disponible para facilitar una investigación integral.
“Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación, no sólo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, puntualizó.
La titular del Ejecutivo recordó que el INE administra un presupuesto multimillonario proveniente de recursos públicos, parte del cual se destina al financiamiento de los partidos políticos, por lo que consideró indispensable garantizar mecanismos efectivos de fiscalización.
Subrayó que la revisión debe incluir contratos, remuneraciones, gastos administrativos y cualquier otra erogación realizada por el organismo.
“Que se revise todo, que no puede quedar nada fuera de la transparencia; tienen que transparentarse todos los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo”, enfatizó.
Sheinbaum sostuvo que la fiscalización es fundamental para preservar la confianza ciudadana en las instituciones electorales y reiteró que cualquier irregularidad detectada deberá investigarse para determinar las responsabilidades correspondientes.
