México, 24 de marzo.- La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la revocación de mandato se convirtió en el punto más polémico durante la discusión en comisiones del Senado, donde fue avalada por mayoría pese a la ausencia de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez y Lizbeth Sánchez.
El proyecto de dictamen, aprobado por 24 votos en pro y 11 en contra en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, plantea modificar la Constitución para reforzar este mecanismo de participación ciudadana, bajo el argumento de ampliar el control democrático sobre el ejercicio del poder.
Entre los cambios, se establece que la revocación de mandato solo podrá realizarse una vez durante el sexenio y únicamente en el tercer o cuarto año de gobierno.
Además, se incorporan medidas para garantizar imparcialidad, como la prohibición del uso de recursos públicos y propaganda gubernamental para influir en el proceso, así como la suspensión de difusión oficial en los días previos a la votación.
El dictamen también incluye ajustes en materia de austeridad, como la reducción de privilegios a consejeros del INE y un recorte de hasta 15% al presupuesto del Senado, así como límites en la integración de ayuntamientos para disminuir costos administrativos.
Sin embargo, estos puntos quedaron en segundo plano frente al debate sobre la revocación.
Las posturas se polarizaron.
Desde la oposición, el senador del PAN, Marko Cortés, acusó que la propuesta distorsiona el espíritu de la revocación de mandato al convertirla en un instrumento que podría beneficiar al Ejecutivo.
Señaló que la iniciativa permitiría a la presidenta influir en el proceso y utilizar su posición para promoverse, lo que —dijo— rompe con el principio de equidad democrática.
“Por supuesto que la oposición iremos en contra, pero la iniciativa de la presidenta no resuelve los problemas principales de la democracia, al contrario, es hipócrita la iniciativa de la presidenta. ( ¿Por qué razón? Hablan de reducir privilegios, lo único que está haciendo esta iniciativa es darle más privilegio a la presidenta de la República para que se pueda promover en su revocación de mandato, que no le está pidiendo a la gente, que ella quiere ir a la boleta. Y es falsa, y es falsa porque no hay ahorro”, señaló.
En la misma línea, el coordinador panista Ricardo Anaya calificó la propuesta como deficiente y cuestionó su viabilidad.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, advirtió que empatar la revocación con procesos electorales ordinarios generaría ventajas indebidas para quien ostenta el poder, al poder aprovechar la visibilidad del cargo durante el ejercicio.
También alertó que esto desvirtúa la esencia del mecanismo, al dejar de ser un instrumento ciudadano para convertirse en una herramienta política.
“Por más que nos lo quiera vender como un ejercicio democrático, no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda cuando pretenden empatar esto con el proceso electoral ordinario.
“Estamos hablando de que quien está sujeta al escrutinio ciudadano puede usar la investidura presidencial, la comunicación institucional, la presencia pública del cargo para influir en el resultado del proceso que él evalúa. Perdón, pero yo sé que han estado batallando últimamente de manera interna, pero la responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país y que la quieran sacar a hacer campaña no es sólo un acto desesperado, es por mucho muy negligente”, advirtió.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano centró sus críticas en el costo del ejercicio, al señalar que los recursos destinados —estimados en alrededor de dos mil millones de pesos— podrían utilizarse en atender necesidades urgentes en salud, infraestructura y educación.
Además, cuestionó que el gobierno federal continúe responsabilizando a administraciones pasadas por los problemas actuales.
“Ustedes llevan ya ocho años prácticamente gobernando este país y no pueden seguir echando la culpa al pasado. Ustedes les toca gobernar y háganse cargo, ya no echen la culpa a García Luna y a la chingada, ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy”, expresó.
En contraste, la senadora de Morena, Andrea Chávez, defendió la reforma al sostener que la revocación de mandato fortalece la democracia participativa y permite a la ciudadanía evaluar directamente a sus gobernantes.
Afirmó que este mecanismo no solo sirve para remover a un mandatario, sino también para obligarlo a rendir cuentas públicamente y contrastar resultados frente a la población.
Incluso consideró que habría sido útil en sexenios anteriores, como los de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, para someter a escrutinio sus decisiones de gobierno.
“¿Queremos de verdad equidad?, permitamos que las partes digan por qué sí o por qué no.Queremos que permanezca un político en su posición, ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Felipe Calderón, no solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante seis años completos ambos, sino también para que hablaran a favor de su gobierno y así de perdido nos enteramos qué hicieron”, declaró.
En tanto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que la iniciativa también implica riesgos para el federalismo, al considerar que invade competencias de estados y municipios.
El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para su discusión en el pleno, en medio de un escenario de alta confrontación política donde la revocación de mandato se perfila como el eje del debate.
