México, 16 de octubre.- El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, sostuvo que la contradicción existente en la Constitución sobre el procedimiento para elegir a la persona titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sólo puede resolverse mediante una reforma constitucional, por lo que llamó al Congreso a asumir esa responsabilidad y evitar que el máximo tribunal tenga que interpretar disposiciones que se contraponen.
El legislador señaló que la antinomia se encuentra en los artículos 94 y 97 de la Carta Magna, que establecen mecanismos distintos para determinar quién debe encabezar la Suprema Corte.
Por ello, consideró que una modificación a la legislación secundaria sería insuficiente para corregir el problema de fondo.
“No lo podríamos resolver en una ley secundaria, una antinomia que tiene origen constitucional”, afirmó al ser cuestionado sobre los ajustes que deberían incorporarse en la próxima reforma judicial.
Corral explicó que el artículo 94 establece que la presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, conforme al número de votos obtenidos por sus integrantes en la elección popular.
En contraste, el artículo 97 conserva el criterio de que la persona titular de la presidencia debe ser elegida cada cuatro años mediante votación secreta de los ministros que integran el pleno.
Ante esta diferencia normativa, el senador advirtió que dejar la solución en manos de la propia Suprema Corte podría colocarla en una situación de tensión institucional, pues tendría que interpretar disposiciones constitucionales que regulan directamente su integración y funcionamiento.
“Si queremos corregir la antinomia tiene que haber reforma constitucional y esa responsabilidad debe asumir el Congreso, no la Corte”, subrayó.
Añadió que el Ejecutivo puede presentar la iniciativa correspondiente, pero no resolver por sí mismo la contradicción.
En cuanto a la próxima reforma judicial, Corral indicó que todavía no se conoce la iniciativa definitiva, aunque los presidentes de los órganos de dirección del Poder Judicial entregaron una propuesta a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, para que sea incorporada al proyecto que presente el Ejecutivo, dado que el Poder Judicial carece de facultad de iniciativa.
Explicó que el Senado deberá revisar el documento no sólo para adecuar las disposiciones a la reforma constitucional sobre la elección popular de jueces y magistrados, sino también para corregir problemas detectados a partir de la experiencia de su implementación.
Entre los puntos que consideró prioritarios destacó la autonomía presupuestal de los órganos judiciales.
A su juicio, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Tribunal de Disciplina Judicial deben contar con atribuciones para administrar y ejercer sus propios recursos, sin depender exclusivamente de las autorizaciones del órgano de Administración Judicial.
Advirtió que concentrar las decisiones presupuestales en una sola instancia puede generar un poder preponderante y poner en riesgo la independencia de los órganos de dirección judicial.
Aunque reconoció que la propuesta presentada contempla este asunto, estimó que su redacción puede mejorarse.
Finalmente, Corral pidió abrir un debate amplio en el Poder Legislativo y dar a la reforma secundaria el tiempo necesario para su análisis.
Consideró que no se trata de un asunto exclusivo de los órganos judiciales o del Ejecutivo, sino de un tema de interés nacional que debe incorporar la perspectiva de los justiciables.
Por ello, sostuvo que los legisladores deben discutir los cambios con profundidad antes de aprobarlos, incluida la reforma constitucional indispensable para definir, sin contradicciones, el mecanismo de elección de la presidencia de la Suprema Corte.
