México, 5 de noviembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno presume que Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del INE y los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por encabezar una red de empresas que concentró contratos de organismos electorales por más de 2 mil millones de pesos, permanecen en México y no han salido del país, aunque aclaró que será la investigación la que permita confirmar su ubicación y esclarecer el alcance de sus operaciones financieras.
Durante la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el paradero de ambos empresarios, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó los resultados de una investigación sobre la presunta concentración irregular de contratos electorales mediante compañías relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
“Se supondría que siguen en México, que no han salido. Sí, eso es lo que presumimos, pero bueno, que se revise la investigación”, respondió Sheinbaum, quien señaló que hasta ese momento no se había proporcionado información adicional sobre su situación.
La presidenta también aclaró que, hasta ahora, las indagatorias no han identificado elementos que permitan establecer que los recursos o las operaciones financieras de los empresarios estén vinculados con algún grupo de la delincuencia organizada.
Explicó que las investigaciones se concentran en posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con los recursos obtenidos mediante contratos presuntamente irregulares con instituciones electorales, así como en el seguimiento de las transferencias entre distintas cuentas bancarias.
“No se ha encontrado que pudieran pertenecer a un grupo delictivo”, sostuvo.
Sheinbaum precisó que el hecho de que se investiguen posibles operaciones de lavado de dinero no significa necesariamente que exista participación de organizaciones criminales, pues también pueden configurarse estas conductas cuando recursos obtenidos ilegalmente mediante contratos públicos son transferidos y dispersados a través de diferentes cuentas para dificultar el rastreo de su origen y destino.
“Lo que se está trabajando son, a través del SAT y de la propia UIF, acciones de lavado de dinero. No quiere decir que el lavado de dinero sea de la delincuencia organizada, sino recursos de contratos que a su vez son de manera ilegal, puestos en otras cuentas, que a su vez van a otras cuentas”, explicó.
La mandataria indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, analizan las características de estos movimientos financieros para determinar si existieron mecanismos de dispersión de recursos y posibles irregularidades fiscales o financieras.
