México, 24 de febrero.- El Senado de la República convirtió el pleno en un espacio de duelo y definición política tras el operativo realizado el domingo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Rubén Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La sesión estuvo marcada por un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas caídos durante la operación y un minuto de aplausos en reconocimiento a quienes participaron en el despliegue.
El gesto institucional fue acompañado por un pronunciamiento formal y, posteriormente, por un debate de fondo sobre la estrategia de seguridad del Estado mexicano.
Desde la Mesa Directiva, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, dio lectura al posicionamiento de los órganos de gobierno de la Cámara alta, en el que se expresó “el más amplio reconocimiento a la coordinación y trabajo del Gabinete de Seguridad”.
El documento subrayó que, gracias a la labor de inteligencia y al compromiso de las Fuerzas Armadas, “se ha dado un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y la reconstrucción de la paz en nuestro país”.
Asimismo, el Senado honró la memoria de quienes “entregaron su vida” el pasado 22 de febrero y expresó solidaridad con sus familias.
La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, expresó su pesar por los militares caídos, pero sostuvo que el operativo confirma un “cambio de estrategia” tras la política de “abrazos, no balazos”.
Señaló que el uso legítimo de la fuerza es una atribución exclusiva del Estado y acusó que en el sexenio anterior hubo una “omisión dolosa” que permitió el crecimiento del crimen organizado. No obstante, advirtió que el uso de la fuerza por sí solo es insuficiente si no se rompe el “pacto de impunidad” y se combate la corrupción, incluido el llamado “huachicol fiscal”.
Viggiano cuestionó además el llamado “populismo punitivo” —como el aumento de penas o la prisión preventiva oficiosa— y sostuvo que un diagnóstico equivocado puede conducir a estrategias fallidas.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, reconoció que sería “mezquino” no admitir el avance que representa el abatimiento del capo, pero advirtió sobre el riesgo histórico de fragmentación violenta tras la captura o muerte de líderes criminales.
Recordó antecedentes como la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, Osiel Cárdenas en 2003 y Alfredo Beltrán Leyva en 2008, que derivaron en la escisión de cárteles y el incremento de la violencia.
Planteó que ni la política de “abrazos” ni el simple descabezamiento funcionan por sí solos.
Como referencia, citó la operación internacional “Trojan Shield”, que permitió la detención masiva de integrantes de redes criminales mediante inteligencia prolongada.
Su exigencia fue clara: pasar del golpe simbólico al desmantelamiento integral del CJNG.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también reconoció la labor de las Fuerzas Armadas y expresó solidaridad con las víctimas en diversas entidades que vivieron jornadas de tensión tras el operativo.
Sin embargo, puso sobre la mesa cuatro preguntas clave: la ruta inmediata para garantizar seguridad en la región; la estrategia de paz a mediano plazo; el fortalecimiento institucional para evitar colusión; y el papel del Senado en la cooperación bilateral con Estados Unidos.
Insistió en instalar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la de Seguimiento de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, así como en reformar fiscalías y ministerios públicos. “Cooperación internacional sí, subordinación no”, enfatizó.
Desde Morena, la senadora Ana Lilia Rivera calificó el hecho como “sin precedentes” y aseguró que marca “un antes y un después” en las labores de pacificación.
Sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de la demostración de la capacidad operativa del Estado bajo la actual administración. Destacó la coordinación del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y las Fuerzas Armadas, así como la cooperación con Estados Unidos “bajo el principio del respeto absoluto a la soberanía”.
Enmarcó el operativo dentro de los principios de la Cuarta Transformación y afirmó que la seguridad debe basarse tanto en la fuerza legítima del Estado como en la justicia social y la atención a las causas.
