México, 2 de febrero de 2023.- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el plan ‘B’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral no podrá aplicarse en los comicios del estado de México y Coahuila, debido a que incumple con lo establecido el articulo 105 de la Constitución Política.
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— Sala Especializada (@TEPJF_Esp) February 2, 2023
Esto porque la reforma a la Ley General Comunicación Social, se publicó el 27 de diciembre pasado, con lo que se incumplen los 90 días previos a un proceso electoral.
El magistrado Luis Espíndola Morales, expuso que:
“Es la primera vez que se considera el concepto de propaganda gubernamental que se introdujo en la reciente reforma a la Ley General de Comunicación social y su aplicación en el análisis de las denuncias presentadas. Si bien es derecho vigente, en Coahuila es imposible aplicarla, pues las leyes electorales deben publicarse 90 días antes y esta ley se publicó el 27 de diciembre del año pasado y el proceso inició en enero.
Y si lo valoramos en la elección federal, resulta que tampoco sería aplicable puesto que la definición que da la reforma, es la misma que analizó la Sala Superior, cuando ésta ya se pronunció respecto al decreto de interpretación auténtica en 2022. Recordemos que en esa ocasión, la Sala Superior determinó que dicha interpretación era contraria a la Constitución”.
Esta decisión se da en el marco de la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática y Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, luego del acto masivo que Morena llevó a cabo en Coahuila, el 22 de junio pasado, en donde estuvieron presentes los aspirantes a la gubernatura por esa entidad y las llamadas “corcholatas” para el 2024.
Reiteró que tampoco se podrá aplicar la reforma en el proceso federal del 2024, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya se pronunció al respecto en materia de propaganda gubernamental, cuando se declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de “propaganda gubernamental”, dentro del procedimiento de revocación de mandato.
Ese decreto permitía a los funcionarios públicos a hacer propaganda gubernamental sin ser sancionados por la autoridad electoral.
Posteriormente, el decreto fue señalado como contrario a la Constitución.
Pero, los conceptos del decreto fueron retomados por Morena y aliados y aprobados en el plan ‘B’ de la reforma electoral que fue aprobada en diciembre pasado.
Al respecto, el magistrado Luis Espíndola Morales elaboró un proyecto en el cual se considera nuevamente inaplicable la norma.
