México, 10 de agosto de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló la carta que le envió al juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, quien concedió una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez.
López Obrador llamó a Santos Pérez “juez consigna” y lo acusó de “promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo”.
“No tengo duda de que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudio X González y su pandilla a favor de la señora Xóchitl Gálvez”, se lee en la misiva.
“Usted señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a calla, a censurar información que debe ser púbica y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía.
Me acusa ‘de propiciar un discurso de odio’, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora Xóchitl Gálvez y su familia por más de mil 400 millones de pesos”, indicó.
Advierte ‘malicia efectiva’ de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo.
Enumeró una serie de decisiones emitidas por el juez Santos Pérez, entre las que se encuentran conceder una suspensión a Joaquín “El Chapo” Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos; conceder el desbloqueo de cuentas bancarias del exalcalde de la Benito Juárez, Christian Von Roerich, presuntamente relacionado con el Cártel Inmobiliario; modificar el plan de vacunación anticovid; permitir a tabacaleras vender cigarrillos electrónicos; impedir que Fuerzas Armadas asumieran labores de seguridad pública, entre otras.
El juez federal Martín Adolfo Santos Pérez concedió una suspensión provisional a Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, que ordena al presidente López Obrador y a otros funcionarios federales evitar pronunciamientos “con malicia” hacia la senadora.
