México, 27 de junio.- Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que “el paso veloz ante modificaciones estructurales, sólo puede dar entrada a problemas mayores”.
Al fijar su posición con respecto a la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Corte, aseveró que la justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales, “la justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno”.
Al participar en la inauguración de los Diálogos Nacionales para la Reforma Constitucional del Poder Judicial, en la Cámara de Diputados, Piña Hernández sostuvo que “resulta esencial decirlo con toda claridad, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.
Explicó que pensar en una reforma al poder judicial implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática.
Expuso que es válido ser críticos de la justicia en México, pero desde el centro de las necesidades de las víctimas y de las y los usuarios del sistema de justicia en general.
“Critiquemos partiendo de la verdad, de los datos ciertos, de las cifras correctas valoradas en su contexto, critiquemos con honestidad, critiquemos con responsabilidad de Estado. Estamos convencidos de que escuchar es la práctica clave para proponer un cambio, estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable. Pero, para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada”.
La ministra presidenta también advirtió que en una reforma como esta no debe pesar más la celeridad que la idoneidad.
“El paso veloz ante modificaciones estructurales, sólo puede dar entrada a problemas mayores. (…) Por ello en la Reforma Judicial que hoy nos convoca no debe pesar más la celeridad que la idoneidad, las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias, dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos”.
En este primer foro, cada uno de los ministros de la Corte fijó postura.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo, se pronunció por una sustitución gradual de jueces, magistrados y ministros.
“Me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a mas mil 600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.
La ministra Lenia Batres, calificó así al Poder Judicial: “para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial”.
El ministro Juan Luis González Alcántara, señaló que una elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial, sólo politizará los nombramientos.
“Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatos serán postulados por los tres poderes de la Unión. (…) Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos, la ciudadanía va elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”.
El ministro Javier Laynez, defendió la integridad de la mayoría de los 50 mil servidores públicos del Poder Judicial.
“El Poder Judicial como cualquier gran institución de dimensiones enormes y de gran complejidad, somos más de 50 mil servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas que debemos de resolverlas y atenderlas.
Me rehuso a creer que este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial son mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
La ministra Yasmín Esquivel propuso la elección progresiva de los juzgadores en todos sus niveles, que garantice los mejores perfiles . Dijo que es tiempo de efectuar los cambios que requiere la importante función de impartir justicia, para recuperar la confianza ciudadana.
Reconoció que el mandato de las urnas es claro, “no podemos ponernos una venda en los ojos ante una realidad social”.
“Elección de juzgadores, como una medida, entre varias, que permita recobrar la confianza en sus juzgadores. Requerimos jueces por elección popular, sí y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica, la elección progresiva consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos”.
El ministro Alfredo Ortiz Mena, advirtió que una eforma al Poder Judicial mal hecha generará problemas económicos y alejará las inversiones, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados, además de que un sistema judicial sesgado podría aumentar los costos para las nuevas empresas.
“Una reforma mal hecha afectará la economía nacional. Mientras que una exitosa potencializará el crecimiento económico, es necesario hacer visibles las posibles distorsiones de una reforma de esta envergadura para discutir posibles remedios”.
El ministro Alberto Pérez Dayán, destacó que una reforma constitucional por su trascendencia impone un estudio profundo, mayor serenidad en su planteamiento y esfuerzo y talento de sus promotores, “debe siempre darse el tiempo necesario, la prisa no es un buen consejero”.
“Los arrebatos como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”, citó.
La ministra Loretta Ortiz, mantuvo una posición neutra ante la reforma, ni la apoyó , pero tampoco la criticó.
Sólo se limitó a decir que “los criterios de selección deben ser objetivos, basados en el mérito personal y en la capacidad profesional” y que lo importante es colocar en el centro de la reforma a las personas justiciables.
La ministra Margarita Ríos Farjat, mencionó que “una buena reforma legislativa debe tener cuatro características: primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas; segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas; tercera, ser económica; y cuarta, implementarse con sencillez”.
Finalmente, el ministro Luis María Aguilar, dijo estar de acuerdo con la elección popular de los juzgadores, pero con la condición de que estos no pierdan independencia.
“Aprovechemos la carrera judicial. Si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, pues que se haga. Yo no me opongo, mi única condición, y lo he dicho, mi única condición, es que los jueces y los juzgadores sean independientes. Si se elige un sistema determinado, magnífico, que bueno, a lo mejor se avanza, pero mientras no se pierda la independencia, quiere decir que vamos por buen camino”.
