México, 13 de octubre.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está ubicable para el gobierno federal, mientras que las líneas de investigación relacionadas con los audios en los que se le menciona deberán incorporarse a las indagatorias correspondientes y ser esclarecidas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que se prolongó casi cuatro horas como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue cuestionado sobre las grabaciones difundidas públicamente en las que presuntamente se habla de contactos con personas vinculadas con la refinería de Dos Bocas y de contratos que alcanzarían hasta 22 mil millones de pesos.
Ante la pregunta sobre cuántas carpetas de investigación existen en la Fiscalía y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), García Harfuch respondió que solicitaría la información a la FGR para compartirla posteriormente.
Explicó que los primeros audios llegaron a conocimiento de las autoridades a partir de la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, presunto líder regional de un grupo criminal con operaciones en Tabasco, Veracruz, Puebla y Oaxaca.
Precisó que las líneas de investigación relacionadas con otras personas se incorporan a la carpeta correspondiente cuando tienen relación con los hechos investigados.
“Si tiene que ver alguna otra persona, como la que usted refiere, estará en la carpeta de investigación y será investigado”, sostuvo.
Sin embargo, puntualizó que corresponde a la Fiscalía dar a conocer los avances y determinar el alcance de las indagatorias.
Sobre la posibilidad de localizar a Olán Aparicio mediante los mecanismos de inteligencia y los acuerdos con Interpol, el secretario respondió que, de acuerdo con los últimos reportes disponibles, el empresario está ubicable.
No detalló su localización exacta ni informó sobre una detención.
En otro tema, García Harfuch rechazó que exista sobre la mesa un acuerdo para que fuerzas estadounidenses ataquen embarcaciones presuntamente vinculadas con el narcotráfico en aguas mexicanas, como se le preguntó a propósito de operaciones de Estados Unidos contra lanchas en otras regiones.
Aclaró que la cooperación bilateral contempla intercambio de información y coordinación para mantener vigilancia en los mares.
Como ejemplo, mencionó una operación conjunta entre la Guardia Costera estadounidense y la Secretaría de Marina, además de los aseguramientos de droga realizados por fuerzas mexicanas.
El funcionario destacó que, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína, a las que se sumó un decomiso reciente de 1.2 toneladas frente a las costas de Michoacán.
Subrayó que estos resultados representan millones de dosis que no llegan al mercado ilegal y recursos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales.
Aseguró que la cooperación con Washington debe realizarse con responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional, dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes mexicanas.
Respecto a Sinaloa, García Harfuch afirmó que el gobierno federal mantendrá el despliegue de seguridad hasta avanzar en la pacificación del estado, sin establecer una fecha para alcanzar ese objetivo.
Reconoció que persisten la violencia y los homicidios en Culiacán, aunque sostuvo que la situación no es la misma que en noviembre y diciembre de 2024, cuando, señaló, se observaban convoyes de siete u ocho camionetas circulando por la ciudad.
Indicó que Mazatlán registró un repunte de violencia durante los 45 días previos a la comparecencia, por lo que la presidenta ordenó reforzar la presencia federal. Añadió que en ese periodo se realizaron detenciones y se intensificaron los patrullajes.
El secretario también señaló que Sinaloa concentra 20 por ciento de las armas aseguradas en el país y destacó la coordinación con la gobernadora interina, así como la planeación de un nuevo penal con recursos federales.
