México, 17 de octubre de 2017 (Notimex).- El proceso electoral de 2018 será determinante para medir el impacto de lo realizado en materia de paridad de género a 64 años de la reforma constitucional que reconoció el voto de las mujeres en México, aseguró la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis.
La magistrada reconoció que “sabemos que la paridad es insuficiente para hacer realidad las promesas de la democracia y las aspiraciones constitucionales y convencionales de igualdad y participación”.
Al participar en el encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia Paritaria indicó que la violencia política apenas se visualiza y se conceptualiza.
Lo anterior, subrayó, pese a existir desde los tiempos de las sufragistas, por lo que “debemos tener claro que, por ejemplo, ser indígena, tener una discapacidad o ser transexual, compromete el acceso a nuestros derechos”.
Así de relevantes son nuestros derechos político-electorales y así de trascendentes nuestras responsabilidades como autoridades electorales, advirtió la magistrada presidenta de la Sala Superior.
Además, recalcó que en el marco del proceso electoral 2017-2018, las autoridades electorales serán objeto de una revisión estricta de su actuación. «Tenemos una gran responsabilidad con los mexicanos, con México y con la democracia, y no vamos a defraudarlos”.
En este sentido, destacó la importancia de “perfilar el camino que debemos seguir a partir de una meta fundamental para la democracia: la igualdad en la participación; que todas las voces sean escuchadas, todos los cuerpos representados y todas las luchas visibilizadas.”
Ante el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, Otálora Malassis reiteró que juzgar con perspectiva de género implica hacerse cargo del contexto, y para ello es necesario contar con información.
De ahí la relevancia de una base de datos con información relacionada con mujeres en la política, así como de las investigaciones que se presentan y que ilustran el largo camino que han recorrido, pretendiendo hacer efectivos los derechos a votar y ser votadas.
“El derecho electoral constituye uno de los medios para la distribución del poder, objeto principal del análisis feminista y para configurar las reglas para acceder a él”, resaltó.
Por ello, «operarlo con enfoque de género, es decir con una mirada que permita detectar las normas y prácticas que excluyen y que invisibilizan determinados cuerpos, aspiraciones y agendas de los espacios de deliberación y toma de decisiones, resulta fundamental”, concluyó.
