Piden investigar omisiones de gobierno local en inmuebles previo a sismo

México, 30 de octubre de 2017 (Notimex).- La bancada del PRI en el Senado presentó un punto de acuerdo para pedir a la Contraloría General de la Ciudad de México que investigue posibles omisiones del gobierno local en torno a inmuebles con daños estructurales graves y que se desplomaron en el sismo del pasado 19 de septiembre.

En el punto de acuerdo se plantea que dicha investigación se extienda a las construcciones que incumplían con la normatividad aplicable y que colapsaron a consecuencia del movimiento telúrico, en virtud de que con antelación se conocía la situación de dichas edificaciones y los riegos a los que estaban expuestos sus ocupantes.

Además, se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan, ya que después del sismo quedaron de “manifiesto las irregularidades en las que incurrieron diversas constructoras, que con aval de las autoridades de la Ciudad de México incumplieron las normas en materia de construcción”.

Se añade que los casos más emblemáticos de estos hechos se presentaron en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan.

“Las normas de construcción de la Ciudad de México son de las más rigurosas a nivel internacional, en este sentido, es evidente que la complicidad entre las autoridades delegacionales y las inmobiliarias, provocaron que las construcciones en las delegaciones Benito Juárez y Tlalpan colapsaran durante el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017”.

Los senadores priistas indican que “las autoridades delegacionales no fueron las únicas que incurrieron en omisiones. El Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio SG/CEL/RPA1201/2017, dio respuesta a un exhorto que el Senado de la República por el que le solicita un informe sobre los inmuebles que se encontraban con alto riesgo de colapsarse”.

En dicho documento informó que antes de los sismos conocía de las anomalías en edificios nuevos; edificaciones que se encontraban en riesgo estructural; unidades habitacionales; así como escuelas y sitios públicos, concluye el punto de acuerdo.