Huntsville, 9 de noviembre de 2017 (Notimex).- El estado de Texas ejecutó la noche de este miércoles mediante inyección letal al mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, en un nuevo desacato a la justicia internacional y sin atender las recomendaciones y súplicas de organismos de derechos humanos y del gobierno de México.
La ejecución, que estaba programada para las 18:00 hora local (00:00 GMT), se efectuó con un retraso de más de cuatro horas, mientras la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos revisaba las últimas apelaciones que interpusieron los abogados del reo en los postreros intentos por salvarle la vida.
El mexicano, de 47 años de edad, originario de Irapuato, en el central estado mexicano de Guanajuato, fue declarado muerto a las 22: 26 hora local (04:26 GMT del jueves), minutos después de que se le administrara la dosis letal de drogas en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville.
Ramírez Cárdenas, quien fue sentenciado a la pena capital por la violación y muerte de su prima hermana Mayra Azucena Laguna de 16 años de edad el 22 de febrero de 1997 en la comunidad de Edinburg, en el sur de Texas, optó por el silencio y abstuvo de hablar momentos antes de su ejecución.
En vez de ello, a manera de última declaración entregó una nota escrita a las autoridades carcelarias para que se distribuyera a la prensa una vez concluida la ejecución.
En la declaración escrita a mano, el guanajuatense reiteró su inocencia al señalar que: “No lo haré y no puedo pedir disculpas por el crimen de alguien más , pero, regresaré por justicia. Ustedes pueden contar con eso”.
En la declaración, escrita en inglés, Ramírez Cárdenas, agradeció a su familia “por creer en mi y estar conmigo hasta el final, los amo mucho a todos”.
El reo también agradeció a sus abogados, incluyendo a Marie Levin y Sandra Babcock, y al consulado de Mexico y «a todos los funcionarías del gobierno mexicano que trataron de ayudarme”.
Voceros del Departamento de Justicia Criminal de Texas informaron que Ramírez Cárdenas optó por permanecer en silencio todo el tiempo mirando fijamente hacia el micrófono en la parte superior colgado del techo y no giró su cabeza en ningún momento para observar a los testigos.
El mexicano recibió en seguida la inyección de una dosis letal de pentobarbital que le provocó la muerte.
La ejecución fue atestiguada por su abogada Maurie Levin, y por cinco reporteros, todos ellos de medios de prensa estadunidense. Ningún miembro de la familia del reo ni de la víctima presenció la ejecución.
Levin, quien durante varios años defendió a Cárdenas Ramírez ante las cortes federales estadunidenses, dijo visiblemente conmovida que el sistema de justicia de este país le había fallado a Rubén.
“Estoy triste, pero más que todo molesta”, expresó la abogada con lágrimas en sus ojos.
La apelación procedió con un retraso de más de cuatro horas, mientras la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidía las dos últimas apelaciones interpuestas por la defensa del mexicano.
Las apelaciones, ambas sustentadas cada una en documentos de más de 20 páginas, solicitaban al máximo tribunal del país el posponer la ejecución para realizar un nuevo análisis de ADN a evidencia física que podría demostrar la inocencia de Cárdenas Ramírez.
Los dos recursos y una petición adicional fueron finalmente rechazados y se procedió a la aplicación del castigo capital.
Por fuera de la cámara de la muerte, frente a la unidad carcerlaria Walls, una media docena de mujeres activistas de la Coalición para La Abolición de la Pena de Muerte en Texas, protestaron la ejecución del mexicano a lo largo de varias horas mientras se decidían sus apelaciones, a pesar del frío y de una incipiente lluvia.
Cárdenas Ramírez se convirtió en el mexicano número 11 en ser ejecutado en Estados Unidos desde 1976 cuando se reactivó la aplicación del castigo capital en este país. Diez de esas ejecuciones han sido efectuadas en Texas y una en Virginia.
La ejecución coloca de nuevo a Texas en pleno desacato de acuerdos internacionales.
Las autoridades estatales rechazaron una vez más acatar la petición formulada en el 2004 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en la que solicitó suspender la ejecución de Tamayo y la de otros reos mexicanos sentenciados a muerte, hasta que sus casos fueran revisados de nuevo.
En su fallo, la corte internacional dictaminó que Estados Unidos violó el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963 al no ofrecer a los mexicanos la posibilidad de acogerse a su derecho a asistencia diplomática «sin retraso» tras su detención.
Texas había ya antes ignorado el dictamen de la CIJ con la ejecución de los mexicanos José Ernesto Medellín en agosto de 2008 y de Humberto Leal en julio de 2011, de Edgar Tamayo Arias, el 22 de enero de 2014 y de Ramiro Hernández Llanas, el 9 de abril de 2014.
