México, 14 de septiembre de 2019.- Por la falta de resultados en el caso Ayotzinapa, por omisiones e irregularidades de funcionarios en la pasada Administración, la Fiscalía de General de la República (FGR) inició las diligencias para responsabilizar a quien incumplió con sus obligaciones.
«En estas circunstancias, la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones», advirtió la FGR en un comunicado.
El órgano encabezado por Alejandro Gertz Manero indicó que a partir de ese momento el nuevo fiscal independiente y autónomo, Omar Gómez Trejo, con su equipo de trabajo y con el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos de esta institución, trata de obtener toda la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas por la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Recordó que un juez de distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para el cumplimiento de los protocolos de Estambul a lo que la Fiscalía de Ayotzinapa le solicitó la ampliación del plazo para tal cumplimiento, en razón de que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y a dicho protocolo no lo podía aplicar la FGR.
«Se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara proponiendo para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos; a todo lo anterior el juez de distrito se negó otorgando la libertad a los policías locales procesados», reprochó.
Mencionó que, sobre los hechos delictivos del 26 y 27 de septiembre de 2014, la investigación del caso Ayotzinapa fue descalificada en forma permanente, tanto por la opinión pública como por los padres y familiares de las víctimas.
Criticó que en octubre de 2015 la Administración anterior creó una oficina de investigación del caso Iguala, la cual también fue descalificada junto con la «verdad histórica», que fue la versión oficial de los hechos delictivos referidos y la cual también fue impugnada por peritos y expertos internacionales.
«Durante todo ese lapso, se iniciaron diversas denuncias por parte de familiares, organismos internacionales, organismos no gubernamentales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en razón de las irregularidades e ilegalidades y abusos que se habían dado en las investigaciones y procesos sobre este asunto, llegando algunos de estos recursos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)».
El 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo señalando principalmente se debía reponer el procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones.
También, deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados. (Con información de Reforma)
