México, 16 de julio.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada en México, una organización que utilizaba el sistema ferroviario para introducir combustibles desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas en aduanas, evadir el pago de impuestos y distribuir ilegalmente el producto en diversas entidades del país.
Al presentar los avances de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la operación derivó en la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, fundador de una empresa vinculada con actividades portuarias, dragados y operación de puertos, a quien la FGR identifica como parte de la estructura que dio origen al esquema criminal.
Además, fueron detenidas otras cuatro personas y se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, cuya ejecución continúa.
El eje central del caso no sólo radica en la detención de un exmandatario estatal, sino en que la FGR sostiene haber documentado una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística que operó de manera sistemática para introducir combustibles al país simulando menores volúmenes o declarando productos distintos con el propósito de reducir el pago de contribuciones.
De acuerdo con la investigación, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y era introducido principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, para posteriormente distribuirse en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
La fiscal explicó que la organización declaraba únicamente 10 mil litros por carro tanque, cuando en realidad cada unidad transportaba hasta 110 mil litros, es decir, apenas reportaba alrededor del 10 por ciento de la carga real.
Una vez en territorio nacional, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y transferido a pipas y tractocamiones de diversas empresas que lo comercializaban sin contar con los permisos regulatorios correspondientes.
Las indagatorias permitieron establecer que 15.2 millones de litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades y que la organización utilizó 162 carros tanque para omitir el pago de contribuciones federales.
Tan sólo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88.5 millones de pesos, mientras que por IVA supera los 18.2 millones, para un daño fiscal inicial de 106.8 millones de pesos en los cargamentos analizados.
Sin embargo, al ampliar las investigaciones sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, la FGR estimó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública.
Otro de los hallazgos relevantes fue la identificación de una compleja red financiera utilizada para ocultar el origen de los recursos obtenidos.
La Fiscalía detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.
Según Godoy, las cuentas presentaban el patrón característico de las llamadas “cuentas puente”, mediante las cuales el dinero ingresaba y era transferido casi de inmediato para mantener saldos mínimos y dificultar el rastreo de los beneficiarios finales, además de detectar transferencias internacionales y triangulación de recursos hacia empresas extranjeras.
La investigación comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.
A partir de ese decomiso, autoridades federales reconstruyeron toda la cadena logística mediante el análisis de información aduanera, fiscal, ferroviaria, financiera y corporativa, identificando una red con presencia en Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
Godoy destacó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustibles que operaban por vía marítima, terrestre y ferroviaria.
La fiscal aseguró que las investigaciones continuarán para ejecutar el resto de las órdenes de captura y reiteró que el Gobierno federal mantendrá la estrategia para combatir el llamado huachicol fiscal, al considerar que estas operaciones no sólo provocan pérdidas millonarias al Estado, sino que también constituyen una fuente de financiamiento para organizaciones criminales y representan un riesgo para el mercado legal de combustibles.
