México, 7 de septiembre.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la nueva integración del máximo tribunal recibió una institución con graves problemas de gestión, rezago y falta de controles, pero sostuvo que a un año de la reforma judicial se ha logrado revertir buena parte de esas deficiencias mediante digitalización, nuevas reglas y una política de austeridad que permitió ahorrar más de 4 mil 700 millones de pesos.
Durante la presentación de su primer informe, denominado “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, Aguilar Ortiz aseguró que la Corte que recibió era “lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo”, además de carecer de mecanismos adecuados para conocer con precisión cuántos asuntos tenía pendientes y cuánto tiempo tardaba en resolverlos.
Aguilar subrayó que la independencia judicial no está en riesgo y que los nuevos integrantes pueden dialogar con los otros poderes sin subordinar sus decisiones.
“Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, sostuvo, al tiempo que afirmó que el Poder Judicial no atiende encargos ni agendas externas.
Sin embargo, reconoció que la transformación no concluirá con la reforma ni con la renovación de sus integrantes.
Advirtió que persisten resistencias y prácticas heredadas del pasado, por lo que llamó a jueces, magistrados y trabajadores a asumir una nueva concepción del servicio público.
El ministro presidente reveló que una revisión exhaustiva permitió detectar 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales firmadas pero pendientes de cerrar expedientes, 230 piezas postales sin trámite y 345 asuntos sin acordar ni tramitar.
También fueron localizados alrededor de 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo desde 2024 y aproximadamente 20 mil asuntos varios que no habían sido dados de baja.
Aguilar sostuvo que estos hallazgos no constituyen una acusación, sino un problema documentado en los sistemas administrativos de la Corte.
Explicó que durante años la información estadística se generaba mediante registros manuales y dispersos, pues cada área llevaba sus propios controles electrónicos y no existía un sistema único para conocer el estado real de los asuntos.
A ello, dijo, se sumaba que el engrose de las sentencias y la formulación de votos carecían de reglas y plazos definidos, situación que, en su opinión, provocaba que la jurisprudencia llegara tarde y retrasara el acceso efectivo a la justicia.
Frente a ese diagnóstico, informó que la Corte comenzó una transformación administrativa y tecnológica.
En los siguientes días abandonará por completo el registro mediante libros para operar con un sistema informático, mientras que la captura de asuntos será automatizada desde su ingreso.
También destacó que desde abril funciona una plataforma para controlar el proceso de elaboración de tesis y que actualmente no existe rezago en ese trámite.
Desde el 1 de mayo, agregó, los amparos directos en revisión se integran exclusivamente en expedientes electrónicos, lo que permitirá reducir el uso de papel.
Uno de los cambios que presentó como resultado concreto fue la reducción a la mitad del rezago en expedientes varios, mientras que el tiempo estimado de atención pasó de dos meses a sólo dos días.
Además, está listo un sistema de turnos aleatorios que sustituirá al mecanismo manual utilizado anteriormente y que, según Aguilar, eliminará la posibilidad de asignaciones con un alto grado de subjetividad.
El ministro informó que durante el primer año ingresaron a la Corte 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluidos asuntos heredados de la anterior integración.
De ese universo fueron resueltos 13 mil 231, equivalentes a 88 por ciento del total ingresado. De los mil 479 asuntos recibidos de la anterior integración, señaló que sólo quedan 44 pendientes, algunos de los cuales permanecían en la Corte desde 2014 y 2015.
Otro de los ejes de su informe fue la austeridad. Aguilar Ortiz señaló que el Poder Judicial recibió del extinto Consejo de la Judicatura Federal un déficit presupuestario de 14 mil 466 millones de pesos, mientras que la nueva Corte redujo su presupuesto, eliminó seguros para ministros, recortó 10 por ciento la plantilla de áreas administrativas y suprimió privilegios históricos.
En total, aseguró, las medidas adoptadas permitieron ahorrar más de 4 mil 700 millones de pesos durante el año.
El presidente de la Corte defendió además la independencia del nuevo Poder Judicial y aseguró que sus integrantes no reciben encargos de otros poderes ni atienden agendas externas a la Constitución.
“Se acabaron las sesiones privadas” donde se decidían asuntos “en la oscuridad”, sostuvo, al destacar que los debates del pleno son públicos y que los proyectos se conocen antes de las sesiones.
En paralelo, destacó acciones para acercar la justicia a comunidades indígenas, personas en situación de vulnerabilidad y otros sectores.
Entre los resultados mencionó 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural, 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría atendidas y 2 mil 202 personas beneficiadas con programas de preliberación.
También resaltó la primera sesión itinerante de la Corte en Tenejapa, Chiapas, así como diálogos con comunidades indígenas en distintas entidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asistió al informe, respaldó previamente la transformación del Poder Judicial.
En su conferencia matutina afirmó que actualmente existe un Poder Judicial “mucho mejor” que el anterior y sostuvo que ha disminuido la llamada puerta giratoria, fenómeno relacionado con la liberación de personas detenidas por deficiencias en los procedimientos.
Atribuyó esta reducción a una mayor capacidad de los jueces y a una disminución de la corrupción.
