México, 4 de noviembre.- Las opiniones de los grupos parlamentarios del Senado se dividieron ante el anuncio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de investigar las contrataciones públicas del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del actual Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con una revisión histórica que abarca desde el año 2000 hasta 2025.
Mientras Morena defendió que se investiguen posibles irregularidades sin importar cuánto tiempo haya transcurrido, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la fiscalización se remonte 25 años atrás y consideraron que la prioridad debe ser esclarecer las presuntas anomalías registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.
El presidente del Senado, Higinio Martínez, rechazó que la revisión represente un despropósito o una estrategia para desviar la atención y sostuvo que, si la ASF cuenta con facultades legales, debe investigar los ejercicios que considere necesarios.
“Por un año, por dos, por diez, por veinte. Mientras esté en sus facultades no habría ningún problema”, afirmó.
Añadió que las investigaciones deben abarcar no solamente al INE, sino a todas las instituciones donde existan señalamientos de corrupción. “Vamos a limpiar todo. Vamos a darle una sacudida”, expresó.
En contraste, el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones consideró que revisar contrataciones de hace dos décadas puede convertirse en un asunto político, debido a que existen plazos de prescripción para responsabilidades penales y administrativas.
Explicó que, según su interpretación, las responsabilidades penales prescriben a los cinco años y las administrativas o fiscales a los diez, por lo que cuestionó la utilidad de una investigación tan amplia. A su juicio, la fiscalización debería concentrarse en las decisiones recientes y, particularmente, en las atribuciones que tuvo Taddei para realizar nombramientos de manera unilateral.
Beltrones anunció que presentará una iniciativa para restablecer la colegiación en los nombramientos de funcionarios del INE y establecer que las contrataciones superiores a 10 millones de pesos sean aprobadas por el Consejo General y no por una sola persona.
El priista Rolando Zapata coincidió en que la prioridad debe ser transparentar la gestión de Taddei y las decisiones de su equipo.
Consideró que la revisión histórica puede cumplir con la norma, pero sostuvo que la ciudadanía espera conocer qué irregularidades ocurrieron durante la presidencia de la funcionaria y cuáles tendrán consecuencias administrativas o penales.
Por el PAN, Miguel Márquez pidió a la ASF concentrarse en los hechos actuales y evitar que las investigaciones históricas distraigan de los señalamientos recientes.
Calificó el anuncio como una “cortina de humo” y sostuvo que las irregularidades denunciadas en el INE deben investigarse sin proteger a nadie.
“Que caiga quien caiga”, expresó, al advertir que la institución electoral necesita recuperar la confianza y garantizar imparcialidad, certeza y legitimidad rumbo a las elecciones de 2027.
El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, expresó una postura más cautelosa. Aunque consideró que la ASF puede tener motivos para revisar las auditorías anteriores, pidió priorizar los recursos disponibles y atender también los pendientes de fiscalización de años recientes.
“Lo más valioso es cuidar los recursos de la Auditoría Superior de la Federación, que no son los que debieran ser”, señaló.
El legislador sostuvo que el objetivo de una auditoría no debe limitarse a exhibir posibles ilícitos, sino permitir recuperar recursos públicos y sancionar a los funcionarios responsables.
Sobre la prescripción de eventuales delitos, dijo confiar en que los responsables de la fiscalización harán esa valoración.
Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio calificó de “completamente sin sentido” ampliar las investigaciones hasta 2000 y acusó que se pretende construir una “cacería de brujas” para desviar la atención de los señalamientos actuales en el sistema electoral.
Afirmó que las autoridades deben asumir su responsabilidad sobre lo que ocurre en 2026, en lugar de buscar culpables en administraciones anteriores.
Colosio consideró que la revisión histórica puede utilizarse para alimentar una narrativa política y evitar que se esclarezcan las presuntas irregularidades recientes relacionadas con las contrataciones del INE.
