México, 27 de abril.- La presidenta Claudia Sheinbaum marcó una postura clara frente a las versiones sobre una posible ofensiva del gobierno de Donald Trump contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado: cualquier señalamiento deberá estar sustentado en pruebas y ser revisado por las autoridades mexicanas, sin excepciones.
En su conferencia matutina, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre la reciente visita del embajador Ronald Johnson a Sinaloa y sobre un reporte del diario Los Angeles Times que advierte de una posible estrategia desde Washington para actuar contra políticos mexicanos señalados por corrupción.
Sheinbaum subrayó que la lucha contra la corrupción corresponde exclusivamente a las instituciones nacionales, en particular a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales.
“Tiene que haber pruebas claras y evidencias claras”, insistió, al señalar que cualquier investigación iniciada en el extranjero debe ser revisada por las autoridades mexicanas antes de tener efectos legales en el país.
Para reforzar su argumento, la mandataria evocó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 por la Drug Enforcement Administration y posteriormente repatriado tras la intervención del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según recordó, al revisar la información, la Fiscalía mexicana concluyó que no existían elementos para proceder penalmente. “Ese antecedente demuestra la importancia de contar con evidencia sólida”, sostuvo.
La presidenta dejó claro que su gobierno no protegerá a nadie en caso de existir pruebas de delitos:
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga evidencia de algún delito”.
Sin embargo, advirtió que sin sustento probatorio podrían existir motivaciones ajenas a la justicia en señalamientos de este tipo.
En un giro relevante, Sheinbaum también colocó el tema en términos de reciprocidad bilateral.
Señaló que México ha solicitado a Estados Unidos actuar contra empresarios con doble nacionalidad presuntamente involucrados en contrabando de combustibles —el llamado “huachicol fiscal”— sin que hasta ahora haya resultados.
“Ellos también tienen que investigar y detener cuando hay evidencia”, afirmó.
Sobre el papel del embajador Johnson, la mandataria evitó escalar el tono.
Aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna queja formal ni evidencia de injerencismo por parte del diplomático estadounidense, con quien —dijo— se mantiene una relación “cordial y respetuosa” a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Incluso reconoció que ha habido cooperación en temas específicos, como el combate al gusano barrenador y problemáticas en el transporte.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de una reacción firme en caso de detectarse una intromisión indebida: “Si encontráramos que hubiera una situación de injerencismo, lo haríamos saber”.
